Osservatorio della Rete L'ABUSO

Tag: Pietro Forno

  • Abusi del clero su minori, donne e persone in condizione di vulnerabilità – Milano, 3 novembre 2022

    Abusi del clero su minori, donne e persone in condizione di vulnerabilità – Milano, 3 novembre 2022

    In Italia, gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili sono ancora un tabù. Il nostro paese, infatti, mentre si fa vanto di aver sottoscritto convenzioni e trattati in materia di diritti umani, non è nelle condizioni di metterli in atto nella realtà.

    Non parliamo solo degli abusi sessuali della Chiesa cattolica, che pure approfitta del vuoto legislativo italiano per proteggere i pedofili ed evitare di rispondere dei reati commessi, ma di uno Stato che non fornisce neppure delle statistiche ufficiali sui casi di abuso; un paese che nei fatti, malgrado le leggi, non offre alle vittime canali percorribili per la denuncia delle violenze, vuoti che di fatto favoriscono chi abusa.

    Cosa dovrebbe cambiare e perché? Italy Church Too con questa giornata di studio e denuncia vuole rompere il silenzio sulla realtà degli abusi clericali. Parleremo di ciò che c’è e soprattutto di quello che manca, e di cosa possiamo fare per cambiare la situazione insieme a giuristi, psicologi, giornalisti, appartenenti a movimenti ecclesiai e, soprattutto, ai sopravvissuti.

    Programma:

    Aspetti giuridici-applicativi nel caso italiano
    – h 14: presentazione delle associazioni aderenti a ICT
    Introduce Ludovica Eugenio, giornalista, responsabile Adista
    – h 15: i racconti di alcuni sopravvissuti. Quali ostacoli per la denuncia?
    Modera Francesco Zanardi
    – h 16: le nostre proposte per un adeguamento normativo in Italia con riferimento al contesto internazionale
    Relatore, avv. Mario Caligiuri
    – h17: l’approfondimento degli aspetti giuridici e psicologici
    Relatori: dott. Pietro Forno, già procuratore aggiunto – Procura della Repubblica di Milano; dott. Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, supervisore Emdr e membro dell’équipe Tiama; avv. Mario Caligiuri, responsabile dell’osservatorio permanente per la tutela delle vittime della Rete L’ABUSO
    Modera Federica Tourn, che per Domani conduce l’inchiesta sostenuta dai lettori sugli abusi nella Chiesa.

    Info e accrediti; milano3novembre@retelabuso.org

    Presso la sala del Centro di aggregazione multifunzionale Via S. Marco 45 Milano

    METRO 2 fermata Moscova – METRO 5 fermata Garibaldi AUTOBUS 43 ,94 , 61

    Se vuoi contribuire sostenendo l’iniziativa; https://paypal.me/retelabuso

    Oppure utilizza il QR code sotto

            

  • Spagnolo – WEBINAR ECA Global Justice Project

    Spagnolo – WEBINAR ECA Global Justice Project

    NOTA; Para que el siguiente informe sea lo más conciso posible, complementaré mis declaraciones, cuando sea necesario, con el enlace del ahondamiento, recordando a los colegas que participan en el WEBINAR desde los distintos países y en sus respectivos idiomas, que además del texto del informe difundido en italiano, en inglés y español antes del encuentro, verá todos los enlaces contenidos en el texto y que hacen referencia a nuestro sitio, equipado con un traductor multilingüe.


    WEBINAR ECA Global Justice Project

    2º informe sobre el “Caso Italia”

    Savona, 27 de enero de 2021

    Ponente Francesco Zanardi – Red L’ABUSO Italia

    Estimados colegas, buenos días y gracias por estar aquí.

    Dada la complejidad del marco general, pensé en reducir los tiempos de introducción preliminar, partiendo de un hecho histórico italiano muy significativo que se remonta a un año no accidental para Europa, el año 2010, cuando después de Irlanda, comenzaron difusamente a surgir los casos de abuso de menores por parte del clero y los respectivos gobiernos intervinieron para proteger a los ciudadanos.

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    EL RELATOR EXPONE

    ITALIA 16 de abril de 2010 del periódico “Il CORRIERE“

    El gobierno: “Incalificable campaña de desprestigio contra el Papa y la Iglesia”

    ROMA – En su 83 cumpleaños, Benedicto XVI recibe el apoyo pleno e inequívoco de Italia. El Consejo de Ministros en un comunicado “confirmó la solidariedad del gobierno por la incalificable campaña de desprestigio contra la Iglesia y el Papa“.

    Pocas horas después tambien el máximo cargo del Estado, el Garante de la Constitución Italiana, el presidente de la República Giorgio Napolitano, se unirá al Gobierno expresando la misma cercanía a Benedicto XVI.

    Sin palabras de apoyo a los ciudadanos italianos que han sido víctimas del clero, casi culpables de reclamar sus derechos constitucionales al Estado italiano, avergonzando las relaciones del mismo con el Vaticano.

    Sin embargo, unos días antes, otro hecho inquietante precede al llamamiento del Gobierno.

    Era el 2 de abril de 2010 cuando el entonces Ministro de Gracia y Justicia Angelino Alfano envió una inspección a la oficina de un magistrado extraordinario de Milán, Pietro Forno, el pionero más activo y experimentado en ese momento en el campo de la pedofilia clerical, con cerca de diez casos ya detrás de él. “LA REPUBBLICA” de 2 de abril de 2010.

    Estas tres acciones dictaron claramente la posición del Estado en relación a los crímenes de los sacerdotes católicos y la poca atención prestada a las víctimas. Un indicio de que con la inspección del fiscal Pietro Forno llegó alto y claro también al poder judicial.

    La de 2010 fue la primera y única intervención de las instituciones italianas sobre los sacerdotes pedófilos.

    A pesar de que desde el 2010 han cambiado más Gobiernos, con diferentes ideologías políticas, nadie se ha interesado nunca jamas por esta “pandemia”, delegando de hecho la gestión de la justicia al clero, como veremos más adelante.

    Esta media página introductoria de historia italiana, aunque concisa, creo que centre claramente lo que por Italia, a diferencia de los demás Estados miembros de la UE y no solo ellos, ha sido el punto de partida. Una situación que a diferencia de sus respectivos países de origen, en lugar de ver un Gobierno que se moviliza para defender al ciudadano, ve en los hechos a Italia como pasiva, sumisa e incapaz de tomar alguna posición frente a los crímenes y el poder de un estado extranjero. Con todas las consecuencias del caso que van mucho más allá de lo que veremos.

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    • ITALIA 21 de enero de 2021

    Yo, hoy en dia, soy uno de los fundadores de ECA, esta élite internacional de activistas y profesionales especializados en la protección de las víctimas del clero. Víctima de abuso, yo nací en 2010 con la red L’ABUSO, 11 años después es deslumbrante el hecho de que somos todavía la única asociación de sobrevivientes de abuso por parte del clero existente en Italia. Una cifra que aún hoy refleja el clima inalterado desde 2010.

    El mapa que les invito a consultar vía web mientras ilustre el contenido (es completamente interactivo, al hacer clic en los marcadores de posición se abrirá la ficha del caso respectivo. Ir a este enlace https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpdiocesi-non-sicure/ ), recoge los casos de los últimos 15-16 años y solo aquellos italianos registrados en las noticias. Les recuerdo a mis colegas que aquí en Italia hoy, no hay datos oficiales del Gobierno disponibles, los únicos datos existentes, desafortunadamente, siguen siendo los que damos nosotros de la Red L’ ABUSO.

    Pero comencemos con el mapa, aunque sea parcial y en evidente defecto, en la actualidad sin embargo en Italia se conocen;

    PUNTOS AMARILLOS – 145 entre sacerdotes investigados o de los que no se han recibido más noticias, ya sean de condena o de absolución.

    PUNTOS ROJOS – 157 sacerdotes definitivamente condenados (tercer grado de juicio)

    PUNTOS NEGROS – 10, aunque hago la premisa que esta sección está descuidada por falta de noticias, estos son sacerdotes extranjeros refugiados bajo el ala del Vaticano en Italia.

    CUADRADOS AZULES – 22 instalaciones de rehabilitación (al menos las que conocemos hoy) en el territorio italiano gestionadas de forma independiente por el clero. No me detengo en cómo la red ABUSO llegó a descubrir las primeras estructuras, en este contexto es irrelevante. Sin embargo, quisiera subrayar que nuestra investigación inicial fue reexaminada en su totalidad por el periodista Federico Tulli, presente en esta sesión e invitado como periodista y editor para hacer un cuadro del nivel de información en el país y la calidad de la Prensa italiana que, como veremos, es otro punto clave del problema que expondrá en su espacio.

    Abrí el paréntesis sobre mi colega Federico Tulli porque además de haber producido tres libros sobre el tema, ha revisado e integrado la investigación sobre estas estructuras y producido el tercer libro de ahondamiento, que revela una verdadera burla a las víctimas y a justicia.

    Comencé a sospechar alrededor de 2013 que estas estructuras actuaban como una estratagema, para evitar, para no darle vueltas al asunto, el encarcelamiento de sacerdotes.

    Incluso me llamaron loco, cuando ante los cotejos se hizo evidente que había una especie de acuerdo tácito entre Estado e Iglesia, que tenia que crear a los ojos de la opinión pública el llamado “señuelo”, porque en realidad esos sacerdotes estaban puestos bajo arresto domiciliario en esas estructuras de la iglesia, por ejemplo, al contrario de lo que les sucede a todos los ciudadanos italianos bajo arresto domiciliario, que son monitoreados a cualquier hora del día o de la noche. Los sacerdotes en estas estructuras, en cambio, son confiados directamente por las Autoridades Judiciales a la iglesia, que efectivamente sostituye al Estado Italiano en el control. La motivación dada esta vez a EURONEWS por Marco Ermes Luparia, uno de los psicólogos Diáconos que trabajan en estas estructuras, es original y curiosa. La preocupación por la rehabilitación psicológica del sacerdote es conmovedora, por la que el propio Luparia subraya la importancia de que el Estado evite que un sacerdote vaya a la cárcel porque además de sufrir, comprometería gravemente su rehabilitación. Igualmente desarmador es el hecho de que no se plantee al menos la misma preocupación por las víctimas de esos sacerdotes.

    Penas de prisión a los ojos de la opinión pública pero en realidad, una vacacion para el condenado que ya ni siquiera tiene el peso de la misa, dejado en plena libertad de movimiento como lo confirma el relato de Don Ruggero Conti. Condenado a la pena máxima (para Italia) de 14 años y dos meses por abusar sexualmente de siete niños de entre 10 y 12 años, luego confiado por la Justicia italiana al clero, acabó en una de estas estructuras cerca de Roma (entre otras cosas frecuentadas por adolescentes) donde teóricamente debería haber cumplido sus arrestos. Un lugar tan poco controlado que una mañana decidió dejar Roma para regresar a Milán. Hay mucho dinero en efectivo a su disposición que incluso puede permitirse pagar un taxi desde Roma. Todo lo que tuvo que hacer fue llamarlo al teléfono celular que tenía y marcharse en paz. Naturalmente, el asunto se resolvió como que nada habia sucedido, traendo al sacerdote de regreso a Roma. No hay noticias de que se haya revocado su arresto domiciliario ni de que se hayan sido perseguidos a quienes lo tuvieron en tutela temporal o lo ayudaron a escapar.

    El ahondamiento realizado por el colega Tulli y por Emanuela Provera, además de ampliar el número de estas estructuras a 22, confirmó la tesis con un golpe de genialidad por parte de los dos colegas, que en 2018 decidieron hacer la “prueba del 9” interrogando – se han eliminado las cárceles de menores y mujeres – las 191 estructuras masculinas italianas restantes.

    Resultò que de 157 casos (condenas definitivas – PUNTOS ROJOS en el mapa), en octubre de 2018 solo 5 sacerdotes eran huéspedes en las cárceles italianas, de los cuales solo uno fue condenado por pedofilia.

    En ausencia de datos estatales, basados en los recopilados en la década de actividad de la Red L’ABUSO en Italia, se desprende que alrededor del 80% de los procesos penales terminan archivados por inadmisibilidad debido a muchos problemas. De hecho, una auténtica derrota de la justicia.

    Además, queridos colegas, me temo que los 300 casos de nuestro mapa son aproximadamente el 10% de la punta del iceberg italiano y, si bien es cierto que Italia hasta ahora ha omitido deliberadamente una cuantificación a nivel nacional, también es cierto que, sin embargo, Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Polonia, etc. han cuantificado el fenómeno con resultados muy similares entre ellos.

    A partir de aquí, el colega irlandés Mark Vincent Healy, experto en estadística, produjo por la Red L’ABUSO, en ausencia de un dato italiano, basado en los datos porcentuales que surgen de las comisiones de investigación gubernamentales realizadas en otros países  una proyección confiable del dato italiano calculada sobre la base de la población católica, el número de sacerdotes (mucho más alto en Italia 50.000) y luego relacionándolo con los datos porcentuales producidos por los países que han registrado un dato. El resultado es que la magnitud de los abusos en Italia tiene el mayor potencial de cualquier país. Puede variar según 2 estudios – el de Richard Sipe, (fraile benedictino y psicoterapeuta) y el del padre Andrew M. Greeley, (profesor de sociología en la Universidad de Chicago) – desde un mínimo de 200.000 víctimas actuales hasta un máximo de 1.000.000, solo en Italia. Aquí la proyección completa https://wp.me/p8ayDC-lBu

    Por supuesto, hemos comunicado los datos anteriores en varias instancias al Gobierno, que, sin embargo, nunca ha respondido, destacando lamentablemente otro problema clave macroscópico, el acceso a las instituciones por parte de los ciudadanos o asociaciones que los representan. Todo esto sucede a pesar de una pregunta parlamentaria obtenida tras años de propuestas a los distintos exponentes políticos que puntualmente lo pasaron por alto. Luego depositada por quien fue en realidad el único interlocutor de los 965 parlamentarios (el Honorable Matteo Mantero) que prestó atención al problema, pero que desde el 27 de noviembre de 2017 lo ve tirado polvoriento y sin ni siquiera calendario, en las estanterías del República.

    Concluyo el primer punto aquí y paso al siguiente

    • Antes de llegar al informe “Italia” tratado en Ginebra los días 25 y 26 de enero de 2019 en la session 80 y a la posterior respuesta que dio el Comité a esa solicitud, quiero mencionar “la ejemplar” ratificación “a la italiana” del Convenio de Lanzarote, pues tiene más facetas sobre la aplicación del legislador que ha vuelto a favorecer a los verdugos mejor que a las víctimas.

    Además del daño, también debe tenerse en cuenta el efecto colateral, ya que el legislador, para superar la aprobación constitucional, no pudiendo excluir solo al clero – un privilegio discutible – ha excluido toda la categoría a la que pertenece el clero y, aún más grave, el hecho de que éste, en el contexto laico, es la del voluntariado, históricamente el más amenazado. De hecho, la norma aplicada de esta manera no solo se distorsiona, ya que falla en su principal función preventiva, la misma regla aplicada de esta manera sugiere paradójicamente al depredador al “voluntariado”como coto de caza.

    El segundo aspecto es la introducción de la audiencia protegida de la víctima, que en la aplicación italiana del Convenio de Lanzarote crea un doble problema, el primero directamente relacionado con el Convenio, el segundo en cambio con las garantías constitucionales de la víctima.

    Como todos ustedes bien sabéis, el último Motu proprio Vos Estis lux Mundi formaliza y presenta las famosas ventanillas diocesanos de ayuda a las víctimas. No sé si aplica en sus respectivos países, pero en Italia ya estan presentes en todas las diócesis. Cada ventanilla cuenta ademas en su interior con una comisión laica, formada por exprofesionales jubilados, psicólogos, etc. acreditados por ser exprofesionales, hoy liberados de obligaciones de oficina como el de denunciar cuando tienen conocimiento de un caso de violencia sexual contra un menor.

    Y aquí surgen claramente dos marcos inquietantes:

    La primera concierne el Lanzarote, ya que las audiencias de las víctimas que se presentan a las diócesis las realizan voluntarios, no se sabe bien con qué titulación, qué procedimientos y garantías para el usuario, voluntarios que actúan de hecho por arriba de las normas de protección del ciudadano, en  ausencia de una audiencia protegida incluso durante la investigación canónica, en la que se le niega incluso la asistencia de su propio defensor de confianza.

    Como acabamos de decir, estas comisiones diocesanas también cuentan con un abogado consultor dentro de ellas, quien en caso de que la víctima decepcionada por el resultado canónico decidiera contactar el Poder Judicial, probablemente defenderá directamente o no, en este otro foro, ya no mas a la víctima pero sacerdote y diócesis.

    Ahora bien, independientemente de que escuche personalmente a la víctima o que sea otro miembro de la comisión diocesana, lo cierto es que en estas audiencias NO PROTEGIDAS se adquieren detalles estratégicos, como por ejemplo la narración del hecho por parte de la víctima, que también es elaborada por el operador y luego firmada por la victima.

    Declaración que posteriormente, como miembro o consultor de la comisión, el abogado de la diócesis no solo tiene en su disponibilidad, sino que podría incluso utilizarla en un juicio italiano, ya que no existe, en ese session, una regulación que garantice al desgraciado ciudadano que allí se presenta, cuál es el límite o qué uso puede o no hacerse de esos datos.

    Declaración que, por ejemplo, en una citación civil posterior podría incluso determinar el momento en que la víctima ha tomado conciencia del daño, haciendo entonces caducar en su perjuicio el plazo de prescripción (que en Italia es verdaderamente muy corto entre otras cosas) en lo que la víctima puede reclamar justicia en un tribunal italiano. De hecho, basta con hacer que la víctima pierda el tiempo esperando un juicio eclesiástico y éste ya no podrá reclamar ningún derecho.

    Como prueba del drama más total de la situación debido únicamente al incumplimiento de un Estado cómplice de la pedofilia de los sacerdotes durante 11 años, el último caso italiano que se remonta a hace unas semanas, que está tratando la Rete L’ABUSO, el de ENNA (Sicilia) que se resume por sí solo en los títulos;

    “Denuncia los abusos a la diócesis que traslada al cura al norte, la víctima se dirige a la policía”. La presunta víctima llevaba años denunciando a las autoridades eclesiásticas “Pedophilia Enna, todas las denuncias de la presunta víctima“.

    Y gracias al chaleco salvavidas del artículo 4, punto 4 de los Pactos de Letrán, el obispo que lo trasladó, además de no estar obligado a realizar declaraciones al Poder Judicial, simplemente declarando que esas informaciónes son confidenciales por pertenecer a su propio ministerio, y aquí es que el clérigo ni siquiera es un coacusado, sino un simple testigo con el privilegio de poder guardar silencio ante el magistrado.

    Les pido un momento más de paciencia y concluyo con el último capítulo.

    3) El Comité de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia;

    A raíz de la solicitud de la Red L’ABUSO, en febrero de 2019 emitió recomendaciones a Italia de que, salvo el primer punto “Observatorio para combatir la pedofilia y la pornografía infantil” aparentemente positivo, debo hacer un mea culpa ya que en el informe que presenté en 2019 en la ONU olvidé articular los graves problemas incluso dentro del observatorio del Estado italiano, que entre otras cosas ve a un sacerdote católico como un consultor (presumiblemente también pagado) que nunca ha denunciado a un colega pedófilo, porque aún hoy, incluso en el sobre la base del último motu proprio del papa, no puede.

    Observatorio casi virtual, desprovisto de iniciativas concretas a nivel nacional, desprovisto de diálogo con las realidades locales y prácticamente inútil porqué son cómplices algunos de mis colegas, ya que pedimos los datos que el observatorio no pudo producir.

    Aquí las evidencias surgidas de mi encuesta de 2016 sobre el observatorio. https://wp.me/p8ayDC-i6G

    Paréntesis cerrado, antes de continuar con las recomendaciones emitidas por el C.R.C. a Italia, que señalo, tiene en común con el Vaticano no solo la fuerte pasión por los sacerdotes pedófilos, sino también el vicio de firmar acuerdos de los que despues no asume la carga, como en el caso de la Convención de Lanzarote y la de derechos de la infancia, que espera una respuesta del Vaticano desde mayo de 2018 y de Italia desde febrero de 2019.

    Situaciones sobre las que, colegas, quiero estimular una reflexión sobre el hecho de que quizás el Comité debería tomar una posición firme ya que, como demuestra sobradamente el caso italiano, se firmaron casi de mala fe y parecería que el único objetivo sea el de la acreditación.

    Con esto señalo, para evitar malos entendidos, en particular a los colegas de Naciones Unidas presentes, que la mía no es en absoluto una crítica a la Convención, ¡lejos de ahi! Quiero enfatizar en este caso particular italiano su importancia, ya que en la contumacia total de las Instituciones, la Convención es la única realidad en la que, afortunadamente, nos podemos apoyar.

    Por eso planteé la reflexion, mis compañeros, para subrayar sobre todo en este ya largo momento de “estancamiento italiano” que se prolonga desde hace 11 años y, al que desde hace dos o tres años, la asociación que presido asiste de hecho -además de los supervivientes que han sido víctimas de décadas atrás – incluso víctimas de abusos a partir de 2010 por parte de sacerdotes y por la inercia del Estado italiano que no solo lo permitió permaneciendo inactivo, sino que aún hoy ni siquiera les hace justicia.

    Claramente y con muchas más facetas de las que mencionaré, es el caso de nuestro asistido Alessandro Battaglia (caso de Don Mauro Galli condenado a 6 años y 4 meses en primera instancia y absuelto por la iglesia), donde sí, es cierto que la víctima fue indemnizada (afortunadamente), pero sólo 100.000 € (contra los 450.000 € previstos por las tablas) y además, indemnizados no por los daños sufridos, sino para impedirle constituirse parte civil en el proceso y dejar la diócesis y obispo afuera de problemas y de la prensa. Un acuerdo entre las partes tan angustioso que la misma Fiscal Lucía Minutella disputa la evidente insuficiencia incluso en el juicio.

    Disculpe si me he demorado pero era necesario y concluyo diciendo que aunque siendo perfectamente consciente de que la ONU en este caso no tiene un poder coercitivo hacia Italia, dadas la gravísimas evidencias surgidas, que más allá de los tratados estipulados, dibujan sobre todo en su aplicación una situación dramática sobre la que considero, por lo menos exista la exigencia de que lo que ya se aplicó y ratificó, se revise y se vuelva a aplicar de manera efectiva que pueda ser realmente preventiva.

    Fin del informe, gracias a todos por su atención – Zanardi

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    A continuación se muestra la recomendación a Italia de febrero de 2019 en las conclusiones comprobadas por Naciones Unidas y sobre las que Italia aún no ha intervenido hoy.

    1. Acoge favorablemente el plan nacional 2015-2017 para la prevención y lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de niños y la revitalización del Observatorio para combatir la pedofilia y la pornografía infantil, el Comité está preocupado por los numerosos casos de niños víctimas de abuso sexual por personal religioso de la Iglesia católica en el territorio del Estado miembro y por el escaso número de investigaciones penales y enjuiciamientos por parte del poder judicial italiano. Con referencia a sus recomendaciones anteriores (CRC / C / ITA / CO / 3-4, párr. 75) y al comentario general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a la libertad y contra todas las formas de violencia contra él y tomando nota del Objetivo 16.2 para el Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda a Italia que:
    1. a) Adopte, con la participación activa de los niños, un nuevo plan nacional para prevenir y combatir el abuso y la explotación sexual de niños y asegurar su aplicación uniforme en todo su territorio y en todos los niveles de gobierno;
    2. b) Establezca una comisión de investigación independiente e imparcial para examinar todos los casos de abuso sexual de niños por parte de personal religioso de la Iglesia Católica;

     

    1. c) Garantice la investigación transparente y eficaz de todos los casos de violencia sexual presuntamente cometidos por personal religioso de la Iglesia Católica, el enjuiciamiento de los presuntos autores, el castigo penal adecuado de los culpables y la indemnización y rehabilitación de los menores víctimas, incluidos los que se han convertido en adultos;
    1. d) Establezca canales adaptados a los niños, para los niños y otras personas, para informar sobre la violencia sufrida;
    2. e) Proteja a los niños de nuevos abusos, entre otras cosas asegurándose de que las personas condenadas por malos tratos a niños no tengan contacto con niños y se les disuada de ello, especialmente a nivel profesional;
    3. f) Realice todos los esfuerzos posibles hacia la Santa Sede para eliminar los obstáculos a la eficacia de los procesos penales contra el personal religioso de la Iglesia católica sospechoso de actos de violencia contra menores, en particular en los Pactos de Letrán revisados ​​en 1985, para combatir la impunidad de tales actos;
    1. g) Obligar a todas las personas, incluido el personal religioso de la Iglesia católica, senalar cualquier caso de presunta violencia contra menores a las autoridades competentes del Estado miembro;
    1. h) Modifique la legislación de actuacion del Convenio de Lanzarote de manera de garantizar que no excluya el voluntariado, incluido el personal religioso de la Iglesia Católica, de sus herramientas de prevención y protección.

    Informe completo de Recomendaciones de la ONU AQUÍ

  • ENG – Webinar ECA Global – Francesco Zanardi

    ENG – Webinar ECA Global – Francesco Zanardi

    THE SPEAKER EXPOSES

    ITALY April 16, 2010 from the newspaper “Il CORRIERE“

    “The government: ‘Unspeakable smear campaign against the Pope and the Church’”

    ROME – On the day of his 83rd birthday, Benedict XVI gets full and unequivocal support from Italy. The Council of Ministers in a statement “confirmed the solidarity of the government for the unspeakable defamatory campaign against the Church and the Pope.“”

    A few hours later, even the highest office of the state, the Guarantor of the Italian Constitution, President of the Republic Giorgio Napolitano, will join the government in expressing the same closeness to Benedict XVI.

    No word of support for the Italian citizens who were victims of the clergy, almost guilty of claiming their constitutional rights from the Italian State, embarrassing its relations with the Vatican.

    A few days earlier, however, another disturbing fact precedes that appeal of the Government.

    It is April 2, 2010 when the then Minister of Justice Angelino Alfano, sends an inspection in the office of a magistrate in Milan out of the ordinary, Pietro Forno, the most active and experienced pioneer at the time in the field of clerical pedophilia, with already a dozen cases behind him. “LA REPUBBLICA” of April 2, 2010.

    These three actions clearly dictated the position of the State in relation to the crimes of Catholic priests and the lack of attention paid to the victims. An indication that with the inspection of the Prosecutor Pietro Forno came loud and clear even to the judiciary.

    That of 2010 was the first and only intervention of the Italian institutions on pedophile priests.

    Although several governments have changed since 2010, with different political ideologies, no one has ever been interested in this “pandemic”, delegating in fact, as we will see later, the management of justice to the clergy.

    This introductory half-page of Italian history, even if synthetic, I believe it clearly focuses on what for Italy, unlike other EU member states and beyond, was the starting point. A situation that unlike your respective countries, instead of seeing a government that mobilizes to defend the citizen, sees Italy passive, submissive and unable to take any position in front of the crimes and the power of a foreign state. With all the consequences of the case that go far beyond as we will see.

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    ITALY 21 January 2021

    Today, I am among the founders of ECA, this elite international group of activists and professionals specialized in the protection of victims of clergy. A victim of abuse I was born in 2010 with the L’ABUSO Network, 11 years later it is enlightening that we are still the only association of survivors of clergy abuse existing in Italy. A figure that still reflects the unchanged climate since 2010.

    The map that I invite you to consult via the web while I illustrate the content (it is fully interactive, clicking on the placeholders will open the tab of the respective case. Go to this link https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpdiocesi-non-sicure/ ), collects the cases of the last 15 – 16 years and only those Italian cases censored by the chronicle. I would like to remind colleagues that here in Italy today, there is no official data available from the Government, the only existing data is unfortunately still the one we give to Rete L’ABUSO.

    But let’s start with the map, even if partial and clearly defective, at present however in Italy they are known;

    YELLOW DOTS – 145 priests who have been investigated or of whom there has been no further news, whether of conviction or acquittal.

    RED DOTS – 157 priests definitively convicted (3rd level of judgment)

    BLACK DOTS – 10, even if I premise that this section is poorly edited for lack of news, these are foreign priests refugees under the Vatican wing in Italy.

    QUADRATI BLU – 22 rehabilitation facilities (at least those known to us today) on Italian territory run independently by clergy. I will not elaborate on how the L’ABUSO Network came to discover the first facilities, it is irrelevant in this context. I emphasize, however, that our initial investigation was fully reverified by the journalist Federico Tulli, present in this session and invited as a journalist and editor to give a picture of the level of information in the country and the quality of the Italian Press, as we will see another pivotal point of the problem that he will expose in his space.

    I opened the parenthesis on my colleague Federico Tulli because in addition to having produced three books on the subject, he has revised and integrated the research on these structures and produced the third in-depth book, which reveals a real hoax to the victims and to justice.

    I began to suspect in about 2013 that these structures acted as a contrivance, to bluntly avoid jail time for priests.

    They even called me crazy, when in front of the findings it became clear that there was a kind of tacit agreement between the State and the Church, which created in the eyes of public opinion the so-called “mirror for the larks” – because in reality those priests put under house arrest in those structures of the church, for example, contrary to what happens to all Italian citizens under house arrest, monitored at any time of day or night. The priests in these facilities, however, are entrusted directly by the Judicial Authority to the church, which takes over de facto control of the Italian state. Original and curious is the motivation given this time to EURONEWS by Marco Ermes Luparia, one of the psychologists deacons who work in these structures. Moving is the concern for the psychological rehabilitation of the priest for which the same Luparia stresses the importance that the State avoids the priest to go to prison because in addition to suffering, it would seriously compromise his rehabilitation. Equally disarming is the fact that at least the same concern is not placed on the victims of those priests.

    Prison sentences in the eyes of public opinion but in reality, a holiday for the convicted, who does not even have the burden of the mass, left in full freedom of movement as confirmed by the story of Don Ruggero Conti. Convicted to the maximum sentence (for Italy) 14 years and two months for having sexually abused seven children between 10 and 12 years old, then entrusted by the Italian Justice to the clergy, ended up in one of these facilities near Rome (among other things frequented by teenagers) where theoretically he should have served his arrests. A place so poorly controlled that one morning he decided to leave Rome and return to Milan. He had enough cash at his disposal to be able to afford a cab from Rome. All he had to do was call it with the cell phone in his possession and he left in complete tranquillity. Naturally, the matter was resolved as if nothing had happened, bringing the priest back to Rome. There is no news that his house arrest has been revoked or that those who had him in custody or who helped him to escape have been prosecuted by the Italian justice system.

    The in-depth study done by our colleague Tulli and Emanuela Provera, in addition to expanding the number of these facilities to 22, confirmed the thesis with a stroke of genius by the two colleagues, who in 2018 decided to do the “test of 9 by questioning” – removed the juvenile and female prisons – the remaining 191 Italian male facilities.

    It turned out of 157 cases – RED DOTS final convictions on the map – that in October 2018, guests in Italian prisons resulted in only 5 priests, including only one convicted of pedophilia.

    In the absence of data from the State, based on those collected during the decade of activity of the L’ABUSO Network in Italy, it emerges that about 80% of criminal proceedings end up being archived due to improbability because of many problems. In fact, this is an authentic failure of justice.

    I’m afraid, dear colleagues, that the 300 cases of our map are about 10% of the tip of the Italian iceberg and although it is true that Italy has deliberately omitted a quantification at the national level, it is also true that Australia, Belgium, Canada, Germany, Great Britain, Poland and so on, have quantified the phenomenon with very similar results.

    From here, my Irish colleague Mark Vincent Healy, an expert in statistics, has produced on purpose for L’ABUSO Network, in the absence of an Italian figure, on the basis of the percentage data that emerged from the governmental commissions of inquiry carried out in other countries, a reliable projection of the Italian figure calculated on the basis of the Catholic population, the number of priests (much higher in Italy 50,000) and then relating it to the percentage data produced by the countries that have surveyed a figure. The result is that the scope of abuse in Italy has the greatest potential of any country. It can vary according to 2 studies – that of Richard Sipe, (Benedictine monk and psychotherapist) and that of Father Andrew M. Greeley, (Professor of Sociology at the University of Chicago) – from a minimum of 200,000 current victims to 1,000,000, in Italy alone.  Here the integral projection https://wp.me/p8ayDC-lBu

    We have of course communicated the above data to the government in several instances, but it has never responded, unfortunately highlighting another macroscopic problem, access to institutions by citizens or associations that represent them. All this happens in spite of a parliamentary question obtained after years of proposals to various politicians who have punctually ignored it. Then deposited by the one who in fact was the only interlocutor out of 965 parliamentarians (the Honorable Matteo Mantero) who gave attention to the problem, but since November 27, 2017 sees it lying dusty and without even a schedule, on the shelves of the Republic.

    I conclude here the first point and move on to the next one

    Before arriving at the report “Italy” dealt with in Geneva on 25 and 26 January 2019 in the 80 section and the subsequent response that the Committee gave to that instance, I want to mention “the exemplary” ratification “Italian style” of the Lanzarote Convention, as it has more facets on the application of the legislator who once again favored the executioners to the victims.

    In addition to the damage, there is also the collateral effect, since the legislator, in order to pass the constitutional approval, could not exclude only the clergy – a disputable privilege – but excluded the entire category to which the clergy belongs and, even more serious, the fact that this category, in the lay context, is that of the voluntary sector, historically the most at risk. In fact, the rule applied in this way is not only distorted in that it fails in its main preventive function. The same norm applied in this way paradoxically suggests to the predator the hunting ground “volunteerism”.

    The second aspect is the introduction of the protected hearing of the victim, which in the Italian application of the Lanzarote Convention creates a double problem, the first directly related to the Convention, the second to the constitutional guarantees of the victim.

    As you all know well, the last Motu proprio Vos Estis lux Mundi makes official and introduces the famous diocesan counters for victims. I don’t know about your respective countries, but in Italy they are now present in all dioceses. Each center has a lay commission, composed of retired professionals, medical psychologists, etc., accredited as former professionals, who are now freed from official obligations such as reporting when they learn of sexual violence against a minor.

    And here two disturbing pictures clearly emerge:

    The first concerns Lanzarote, in that the hearings of the victims who present themselves to the dioceses, are carried out by volunteers, we do not know well with what qualifications, what procedures and guarantees for the user, who act in fact above the rules of protection of the citizen, in the absence of protected hearing even during the ‘canonical investigation, in which they are denied even the assistance of their own trusted defender.

    As we have said before, these diocesan commissions also have within them a consultant lawyer, the one who in case the victim disappointed by the canonical result decides to turn to the judiciary, will probably defend directly or not, in this other forum, no longer the victim, but priest and diocese.

    Regardless of whether he or she hears the victim personally or another member of the diocesan commission, it is a fact that in these NON-PROTECTED hearings strategic details are acquired, such as the victim’s narration of the event, which is also written by the operator and then signed by him or her. A statement that later, as a member or consultant of the commission, the lawyer of the diocese not only has at his disposal, but could even use it in an Italian trial, as there is no regulation in that forum that guarantees to the unfortunate citizen who presents himself, what is the limit or what use can or cannot be made of that data.

    A declaration that, for example, in a subsequent civil summons could even determine the moment in which the victim became aware of the damage, thus causing the lapse of the prescriptive terms (which in Italy are very short) within which the victim can claim justice in an Italian court. In fact, it is enough to make the victim lose time waiting for an ecclesiastical judgment and he will no longer be able to claim any rights.

    As a proof of the dramatic situation due only to the default of a State that has been complicit in the pedophilia of priests for 11 years, the last Italian case that dates back to a few weeks ago, is the one of ENNA (Sicily);

    “Denounces abuse to diocese that transfers priest to north, victim turns to police“. The alleged victim denounced for years to the ecclesiastical authorities “Pedophilia Enna, all the complaints of the alleged victim“.

    And thanks to the lifesaver of article 4, point 4 of the Lateran Pacts, the bishop who moved him, in addition to not being required to make statements to the judiciary, simply stating that that information is confidential because it belongs to his ministry, and here is that the clergyman is not even co-defendant, but a simple witness with the privilege of being able to remain silent to the magistrate.

    I ask for a moment of patience and conclude with the last chapter.

    3) The United Nations Child Protection Committee;

    following the instance of the L’ABUSO Network, in February 2019 issued to Italy recommendations that except for the first point “Observatory to counter pedophilia and child pornography” apparently positive, I have to do a mea culpa because in the report that I presented in 2019 to the UN I forgot to articulate the serious problems also within the observatory of the Italian State, which, among other things, has as a consultant (presumably also paid) a Catholic priest who has never denounced a fellow pedophile, because even today, according to the last motu proprio of the Pope, he cannot. An almost virtual observatory, lacking in concrete initiatives at the national level, lacking in dialogue with local realities and practically useless because, with the help of some of my colleagues, we asked for data, which the observatory was not able to produce.

    Here is the evidence from my 2016 survey of the observatory. https://wp.me/p8ayDC-i6G

    Closed parenthesis, before continuing with the recommendations issued by the C.R.C. to Italy, which I point out has in common with the Vatican not only the marked passion for pedophile priests, but also the vice of signing agreements for which it then does not assume the burden, as in the case of the Lanzarote Convention and the Convention on the Rights of the Child, which from the Vatican awaits response from May 2018 and from Italy from February 2019.

    Situations on which my colleagues I want to stimulate a reflection on the fact that perhaps the Committee should take a strong position because, as amply demonstrated by the Italian case, they were signed almost in bad faith and it would seem that the only purpose is that of accreditation.

    In order to avoid any misunderstanding, in particular to the colleagues from the United Nations who are present, I would like to point out that my criticism is not at all a criticism of the Convention, on the contrary, I want to underline its importance in this particular Italian case, because in the total absence of the Institutions, the Convention is the only reality we can fortunately rely on.

    This is why I am raising the issue, colleagues, to emphasize especially in this now long moment of “Italian stalemate” that has lasted for 11 years, and that already for two or three, the association that I preside over is in fact assisting – in addition to survivors who were victims decades ago – also victims abused after 2010 by priests and by the inertia of the Italian State that not only remaining helpless has allowed it, but that still does not even give them justice.

    The case of our client Alessandro Battaglia (Don Mauro Galli sentenced to 6 years and 4 months in the first instance and acquitted by the church) is striking and with many more facets than those I will mention, where yes, it is true that the victim has been compensated (fortunately), but only € 100,00 (against the € 450,000 provided by the tables) and in addition, compensated not for damage suffered, but not to make it a civil party in the process, and leave out of trouble and the press, diocese and bishop. An agreement between the parties so distressing that the same Public Prosecutor Lucia Minutella, disputes in the blatant insufficiency even in the trial.

    I am sorry if I have spoken at length, but it was necessary and I conclude by saying that although I am perfectly aware that the UN in this case does not have a coercive power over Italy, given the serious evidence that has emerged that beyond the treaties signed, draw especially in their application a dramatic situation on which I believe, at least there is a claim that what has already been applied and ratified, is reviewed and reapplied in an effective way that can be really preventive.

    End of the report, thank you all for your attention – Zanardi

  • WEBINAR ECA Global Justice Project – Francesco Zanardi

    WEBINAR ECA Global Justice Project – Francesco Zanardi

    NOTA; per rendere il più sintetica possibile la relazione che segue, correderò dove necessario alle mie affermazioni, il link all’approfondimento ricordando ai colleghi che partecipano al WEBINAR dai vari paesi e nelle rispettive lingue, che oltre al testo della relazione diffuso in italiano in inglese e spagnolo prima dell’incontro, vedrà tutti i link contenuti nel testo e che fanno riferimento al nostro sito, dotati di traduttore multilingua.


    WEBINAR ECA Global Justice Project

    2° relazione sul “Caso Italia”

    Savona, 27 gennaio 2021

    Relatore Francesco Zanardi – Rete L’ABUSO Italy

    Gentili Colleghe e Colleghi buongiorno e grazie per essere qui

    Data la complessità del quadro generale ho pensato per ridurre i tempi di introduzione preliminare, di partire  da un fatto storico italiano molto significativo e risalente ad un anno non casuale per l’Europa, il 2010, quando dopo l’Irlanda, a macchia d’olio in tutta l’Unione cominciavano ad emergere casi di abusi su minori da parte del clero a fronte dei quali, i rispettivi governi intervenivano in tutela dei cittadini.

    -o-0-o-

    IL RELATORE ESPONE

    ITALIA 16 aprile 2010 dal quotidiano “Il CORRIERE”

    “Il governo: «Inqualificabile campagna diffamatoria contro il Papa e la Chiesa»

    ROMA – Nel giorno del suo 83mo compleanno, Benedetto XVI ottiene un sostegno pieno e inequivocabile da parte dell’Italia. Il Consiglio dei ministri in un comunicato ha «confermato la solidarietà del governo per l‘inqualificabile campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa».”

    Poche ore dopo anche la massima carica dello Sato, il Garante della Costituzione Italiana, presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si unirà al Governo esprimendo a Benedetto XVI la stessa vicinanza.

    Nessuna parola di sostegno per i cittadini italiani rimasti vittime del clero, quasi colpevoli di reclamare i propri diritti costituzionali allo Stato italiano, imbarazzando i suoi rapporti con il Vaticano.

    Pochi giorni prima però, un altro fatto inquietante precede quell’appello del Governo.

    È il 2 aprile del 2010 quando l’allora Ministro di Grazia e Giustizia Angelino Alfano, manda un’ispezione nell’ufficio di un magistrato di Milano fuori dall’ordinario, Pietro Forno, il più attivo ed esperto pioniere all’epoca nella materia della pedofilia clericale, con già una decina di casi alle spalle. “LA REPUBBLICA” del 2 aprile 2010

    Queste tre azioni dettarono chiaramente la posizione dello Stato in rapporto a crimini dei sacerdoti cattolici e la poca attenzione verso le vittime. Un’indicazione che con l’ispezione al Procuratore Pietro Forno arrivò forte e chiara anche alla magistratura.

    Quello del 2010 fu il primo e unico intervento delle Istituzioni italiane sui preti pedofili .

    Se ben dal 2010 siano cambiati più Governi, con differenti ideologie politiche, nessuno si è mai più interessato a questa “pandemia”, delegando di fatto come vedremo più avanti la gestione della giustizia al clero.

    Questa mezza pagina introduttiva di storia italiana, se pur sintetica credo che focalizzi chiaramente quello che per l’Italia, a differenza degli altri Stati Membri dell’UE e non solo, sia stato il punto di partenza. Una situazione che a differenza dei vostri rispettivi paesi di appartenenza, anzichè vedere un Governo che si mobilita per difende il cittadino, vede di fatto l’Italia passiva, sottomessa e incapace di prendere posizione alcuna di fronte ai crimini e al potere di uno stato estero. Con tutte le conseguenze del caso che vanno ben oltre come vedremo.

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    • ITALIA 21 gennaio 2021

    Io oggi, sono tra i fondatori di ECA, questa elite internazionale di attivisti e professionisti specializzati nella tutela delle vittime del clero. Vittima di abusi nasco nel 2010 con la Rete L’ABUSO, 11 anni dopo illuminante il fatto che siamo ancora l’unica associazione di sopravvissuti agli abusi del clero esistente in Italia. Un dato che ancora oggi riflette il clima invariato dal 2010.

    La mappa che vi invito a consultare via web mentre vi illustro il contenuto (è completamente interattiva, cliccando sui segnaposto si aprirà la scheda del rispettivo caso. Vai a questo link https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webpdiocesi-non-sicure/ ), raccoglie i casi degli ultimi 15 – 16 anni e solamente quelli italiani censiti dalla cronaca. Ricordo ai colleghi che qui in Italia oggi, non esiste la disponibilità di un dato ufficiale del Governo, l’unico dato esistente purtroppo è ancora quello che diamo noi di Rete L’ABUSO.

    Ma iniziamo con la mappa, anche se parziale e in palese difetto, allo stato attuale tuttavia in Italia sono noti;

    PUNTINI GIALLI – 145 tra sacerdoti indagati o di cui non si è più avuta alcuna notizia, sia di condanna che di assoluzione.

    PUNTINI ROSSI – 157 sacerdoti connati in via definitiva (3° grado di giudizio)

    PUNTINI NERI – 10, anche se premetto che questa sezione è poco curata per mancanza di notizie, questi sono sacerdoti stranieri rifugiati sotto l’ala vaticana in Italia.

    QUADRATI BLU – 22 strutture riabilitative (almeno quelle oggi a noi note) sul territorio italiano gestite autonomamente dal clero. Non mi dilungo su come la Rete L’ABUSO arrivò a scoprire le prime strutture, in questo contesto è irrilevante. Sottolineo però che la nostra iniziale inchiesta è stata riverificata integralmente dal giornalista Federico Tulli, presente in questa seduta e invitato in qualità di giornalista e redattore per fare un quadro sul livello di informazione nel paese e sulla qualità della Stampa italiana, come vedremo altro punto cardine del problema che esporrà nel suo spazio.

    Ho aperto la parentesi sul collega Federico Tulli perchè oltre ad aver prodotto tre libri sulla materia, ha revisionato e integrato la ricerca su queste strutture e prodotto il terzo libro di approfondimento, che svela una vera e propria beffa alle vittime e alla giustizia.

    Iniziai a sospettare all’incirca nel 2013 che queste strutture fungessero da escamotage, per evitare senza mezzi termini il carcere ai preti.

    Mi diedero persino del folle, quando di fronte ai riscontri risultò palese che ci fosse una sorta di tacito accordo tra Stato e Chiesa, che creasse agli occhi dell’opinione pubblica il così detto “specchietto per le allodole” – perché in realtà quei preti messi ai domiciliari in quelle strutture della chiesa, per esempio contrariamente a quello che accade a tutti cittadini italiani agli arresti domiciliari, monitorati a qualunque ora del giorno e della notte. I preti in queste strutture invece, vengono affidati direttamente dall’Autorità Giudiziaria alla chiesa, che subentra di fatto al controllo dello Stato italiano. Originale e al quanto curiosa la motivazione data questa volta ad EURONEWS da Marco Ermes Luparia, uno degli psicologi Diaconi che operano in queste strutture. Commovente la preoccupazione per la riabilitazione psicologica del prete per la quale lo stesso Luparia sottolinea l’importanza che lo Stato eviti che sacerdote vada in carcere perché oltre alla sofferenza, comprometterebbe seriamente la sua riabilitazione. Altrettanto disarmante il fatto che non venga posta almeno la stessa preoccupazione per le vittime di quei preti.

    Pene carcerarie agli occhi dell’opinione pubblica ma in realtà, una villeggiatura per il condannato, che non ha neppure più l’onere della messa, lasciato in piena libertà di movimento come conferma la storia di don Ruggero Conti. Condannato al massimo della pena (per l’Italia) 15 anni e due mesi per aver abusato sessualmente di sette bambini tra i 10 e i 12 anni, poi affidato dalla Giustizia italiana al clero, finito in una di queste strutture vicino a Roma (tra le altre cose frequentata da adolescenti) dove teoricamente avrebbe dovuto scontare gli arresti. Un luogo così poco controllato che una mattina ha deciso di lasciare Roma per tornare a Milano. A sua disposizione parecchio denaro contante da potersi permettere addirittura un taxi da Roma. Non ha dovuto fare altro che chiamarlo con il cellulare in suo possesso ed è partito in tutta tranquillità. Naturalmente la vicenda si è poi risolta come nulla fosse riportando il prete a Roma. Non si ha notizia che gli siano stati revocati i domiciliari o che siano stati perseguiti dalla Giustizia italiana, coloro che lo avevano in affido o che lo hanno aiutato nella fuga.

    L’approfondimento fatto dal collega Tulli e da Emanuela Provera, oltre ad ampliare il numero di queste strutture a 22, ha confermato la tesi con un colpo di genio dei due colleghi, che nel 2018 hanno deciso di fare la “prova del 9 interrogando” – tolte le carceri minorili e femminili – le restanti 191 strutture maschili italiane.

    Risultò su 157 casi – PUNTINI ROSSI condanne definitive sulla mappa – che nell’ottobre del 2018, ospiti nelle carceri italiane risultavano solo 5 sacerdoti, di cui uno solo condannato per pedofilia.

    In assenza di dati dello Stato, sulla base di quelli raccolti nel decennio di attività della Rete L’ABUSO in Italia, emerge che circa l’80% dei procedimenti penali finiscano archiviati per improcedibilità dovuta a moltissime problematiche. Di fatto un autentico fallimento della giustizia.

    Temo in oltre cari colleghi, che i 300 casi della nostra mappa siano pressapoco il 10% della punta dell’iceberg italiano e malgrado sia pur vero che l’Italia fino ad oggi abbia volutamente omesso una quantificazione a livello nazionale, è anche vero che tuttavia Australia, Belgio, Canada, Germania, Gran Bretania, Polonia e via dicendo, abbiano quantificato con esiti molto simili tra loro il fenomeno.

    Da qui, il collega irlandese Mark Vincent Healy esperto di statistiche, ha prodotto apposta per Rete L’ABUSO, in assenza di un dato italiano, sulla base dei dati percentuali emersi dalle commissioni governative di inchiesta effettuate negli altri paesi, una proiezione attendibile del dato italiano calcolato sulla base della popolazione cattolica, il numero dei sacerdoti (parecchio più alto in Italia 50.000) e poi rapportandolo ai dati percentuali prodotti dai paesi che hanno censito un dato. Il risultato è che la portata degli abusi in Italia ha il potenziale più grande di qualsiasi paese. Può variare secondo 2 studi – quello di Richard Sipe, (frate Benedettino e psicoterapista) e quello di padre Andrew M. Greeley, (Professore di sociologia all’Università di Chicago) – da un minimo di 200.000 attuali vittime a un 1.000.000, solo in Italia.  Qui la proiezione integrale https://wp.me/p8ayDC-lBu

    I dati esposti sopra naturalmente li abbiamo in più istanze comunicati al Governo, che però non ha mai risposto, evidenziando purtroppo un altro macroscopico problema cardine, l’accesso alle istituzione da parte di cittadini o associazioni che li rappresentano. Tutto questo avviene malgrado una interrogazione parlamentare ottenuta dopo anni di proposte ai vari esponenti politici che puntualmente hanno glissato. Poi depositata da colui che di fatto fu l’unico interlocutore su 965 parlamentari (l’Onorevole Matteo Mantero) che ha dato attenzione al problema, ma che dal 27 novembre 2017 la vede giacere impolverata e priva persino di una calendarizzazione, sugli scaffali della Repubblica.

    Concludo qui il primo punto e passo al successivo

    • Prima di arrivare al report “Italia” trattato a Ginevra il 25 e 26 gennaio 2019 nell’80 sezione e alla successiva risposta che il Comitato ha dato a quell’istanza, voglio citare “l’esemplare” ratifica “all’italiana” della Convenzione di Lanzarote, in quanto ha più sfaccettature sull’applicazione del legislatore che ha favorito ancora una volta i carnefici alle vittime.

    Oltre al danno va rilevato anche l’effetto collaterale, in quanto il legislatore per passare l’approvazione costituzionale, non potendo escludere solo il clero – contestabile privilegio – ha escluso l’intera categoria alla quale il clero appartiene e, ancor più grave il fatto che questa, nel contesto laico sia quella del volontariato, storicamente la più a rischio. Di fatto la norma così applicata non solo è snaturata in quanto fallisce la sua funzione principale preventiva. La stessa norma così applicata suggerisce paradossalmente al predatore il terreno di caccia “il volontariato”.

    Il secondo aspetto è l’introduzione della audizione protetta della vittima, che nell’applicazione italiana della Convenzione di Lanzarote crea un doppio problema, il primo direttamente relativo alla Convenzione, il secondo invece alle garanzie costituzionali della vittima.

    Come tutti sapete bene, l’ultimo Motu proprio Vos Estis lux Mundi ufficializza e introduce i famosi sportelli diocesani per le vittime. Non so nei vostri rispettivi paesi ma in Italia presenti oramai in tutte le diocesi. Ogni sportello ha poi al suo interno una commissione laica, composta da ex professionisti in pensione, Medici psicologi ecc. accreditati in quanto ex professionisti, oggi svincolati da obblighi d’ufficio come quello della denuncia quando si viene a conoscenza di una violenza sessuale su un minore.

    E qui emergono chiaramente due quadri inquietanti:

    Il primo riguarda il Lanzarote, in quanto le audizioni delle vittime che si presentano alle diocesi, sono effettuate da volontari, non si sa bene con quali qualifiche, quali procedure e garanzie per l’utente, che agiscono di fatto sopra le regole di tutela del cittadino, in assenza di audizione protetta anche durante l’ istruttoria canonica, nella quale gli viene negata persino l’assistenza del proprio difensore di fiducia.

    Come abbiamo detto pocanzi, queste commissioni diocesane hanno al loro interno anche un consulente avvocato, colui che nel caso la vittima delusa dal risultato canonico decidesse di rivolgersi alla magistratura, probabilmente difenderà direttamente o meno, in quest’altra sede, non più la vittima, ma prete e diocesi.

    Ora a prescindere dal fatto che sia lui in prima persona a sentire la vittima o un altro componente della commissione diocesana, sta di fatto che in queste audizioni NON PROTETTE si acquisiscano i particolari strategici, come per esempio la narrazione dell’evento da parte della vittima, che viene anche redatta dall’operatore e fatta poi sottoscrivere. Dichiarazione che successivamente, in quanto membro o consulente della commissione, l’avvocato della diocesi non solo ha nella sua disponibilità, ma potrebbe addirittura usarla in un processo italiano, in quanto non esiste in quella sede una regolamentazione che garantisca allo sventurato cittadino che vi si presenta, quale sia il limite o quale uso possa o non possa essere fatto di quei dati.

    Dichiarazione che per esempio, in una successiva citazione in sede civile potrebbe addirittura determinare il momento in cui la vittima ha raggiunto consapevolezza del danno, quindi far decadere a suo danno i termini prescrittivi (che in Italia sono tra l’altro davvero molto ridotti) entro i quali la vittima può reclamare giustizia in un tribunale italiano. Di fatto basta far perdere tempo alla vittima nell’attesa di un giudizio ecclesiastico e questa non potrà più reclamare alcun diritto.

    A riprova della più totale drammaticità della situazione dovuta unicamente alle inadempienze di uno Stato complice della pedofilia dei preti da ben 11 anni, l’ultimo caso italiano che risale a poche settimane fa, del quale Rete L’ABUSO si sta occupando, quello di ENNA (Sicilia) che solo nei titoli si sintetizza da se;

    “Denuncia gli abusi alla diocesi che trasferisce al nord il prete, la vittima si rivolge alla polizia”. La presunta vittima denunciava da anni alle autorità ecclesiastiche “Pedofilia Enna, tutte le denunce della presunta vittima”.

    E grazie al salvagente dell’articolo 4, punto 4 dei Patti Lateranensi, il vescovo che lo ha spostato, oltre a non essere tenuto a rilasciare dichiarazioni alla magistratura, semplicemente dichiarando che quelle informazioni sono riservate in quanto appartenenti al proprio ministero, ed ecco qui che l’ecclesiastico non è neppure coimputato, ma un semplice testimone col privilegio di poter tacere al magistrato.

    Vi chiedo ancora un attimo di pazienza e concludo con l’ultimo capitolo

    3)  Il comitato per la tutela dell’infanzia delle Nazioni Unite;

    a seguito dell’istanza della Rete L’ABUSO, nel febbraio 2019 ha rilasciato all’Italia raccomandazioni che tranne il primo punto “Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile”  apparentemente positivo, devo fare un mea culpa in quanto nel report che presentai nel 2019 all’ONU dimenticai di articolare le gravi problematiche anche dentro l’osservatorio dello Stato italiano, il quale tra le altre cose vede al suo interno come consulente (presumibilmente anche retribuito) un prete cattolico che non ha mai denunciato un collega pedofilo, perché ancora oggi in base anche all’ultimo motu proprio del papa non può. Osservatorio quasi virtuale, privo di iniziative concrete a livello nazionale, privo di dialogo con le realtà locali e praticamente inutile in quanto complici alcuni miei colleghi, abbiamo chiesto i dati, che l’osservatorio non è stato in grado di produrre.

    Qui le evidenze emerse dalla mia indagine del 2016 sull’osservatorio. https://wp.me/p8ayDC-i6G

    Chiusa parentesi, prima di proseguire con le raccomandazioni emanate del C.R.C. all’Italia, che faccio notare ha in comune con il Vaticano non solo la spiccata passione per i preti pedofili, ma anche il vizio sottoscrivere accordi di cui poi non se ne assume l’onere, come nel caso della Convenzione di Lanzarote e quella per i diritti dell’infanzia, che dal Vaticano attende risposta dal maggio 2018 e dall’Italia dal febbraio 2019.

    Situazioni sulle quali colleghi voglio stimolare una riflessione sul fatto che forse il Comitato dovrebbe prendere una posizione forte in quanto, come ampliamente dimostra il caso italiano, sono state sottoscritte quasi in malafede e sembrerebbe come unico fine quello del solo accredito.

    Con questo puntualizzo a scanso di equivoci in particolare ai colleghi delle Nazioni Unite presenti, che la mia non è affatto una critica alla Convenzione, tutt’altro, voglio sottolineare in questo particolare caso italiano la sua importanza, in quanto nella più totale latitanza delle Istituzioni, la Convenzione è l’unica realtà alla quale fortunatamente ci possiamo appoggiare.

    Per questo sollevavo la riflessione colleghi, per sottolineare soprattutto in questo oramai lungo momento di “stallo italiano” che dura da 11 anni e, che già da due o tre, l’associazione che presiedo di fatto sta assistendo – oltre ai sopravvissuti rimasti vittime decenni addietro – anche vittime abusate dopo il 2010 dai preti e dall’inerzia dello Stato italiano che non solo restando inerme lo ha permesso, ma che ancora oggi non rende loro nemmeno giustizia.

    Lampante e con molte più sfaccettature di quelle che citerò, è il caso del nostro assistito Alessandro Battaglia (caso don Mauro Galli condannato a 6 anni e 4 mesi in primo grado e assolto dalla chiesa), dove si, è vero che la vittima è stata risarcita (fortunatamente), ma soli 100.00€ (contro i 450.000€ previsti dalle tabelle) e in più, risarcita non per danno subito, ma per non farla costituire parte civile nel processo, e lasciare fuori dai guai e dalla stampa, diocesi e vescovo. Un accordo tra le parti talmente angoscioso che lo stesso Pubblico Ministero Lucia Minutella, contesta nella palese insufficienza persino in sede processuale.

    Scusate se mi sono dilungato ma era necessario e concludo dicendo che se pur perfettamente cosciente che l’ONU in questo caso non ha un potere coercitivo nei confronti dell’Italia, date le gravissime evidenze emerse che al di la dei trattati stipulati, disegnano soprattutto nella loro applicazione una situazione drammatica sulla quale ritengo, quanto meno ci sia la pretesa che quanto già applicato e ratificato, sia rivisto e riapplicato in modo efficace che possa essere realmente preventivo.

    Fine del report, grazie a tutti per l’attenzione – Zanardi

    -o-0-o-

    Di seguito le raccomandazione all’Italia del febbraio 2019 nelle conclusioni appurate dalle Nazioni Unite e sulle quali l’Italia oggi ancora non è intervenuta.

    1. Accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017 e la rivitalizzazione dell’Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:

    (a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;

    (b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;

    (c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;

    (d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;

    (e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;

    (f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;

    (g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;

    (h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.

    Raccomandazioni ONU report completo QUI

    https://test.retelabuso.org/wp-content/uploads/2025/09/il-documentario-sugli-abusi-nelle-chiese-di-new-orleans-basato-su-un-reportage-del-guardian-vince-il-premio-piu-importante.webpwp-content/uploads/2025/12/3-3-di-preti-pedofili-grazie-alla-complicita-dello-stato-italiano-che-non-interviene-da-decenni-non-solo-sul-clero-video-integrale-della-conferenza-alla-stampa-estera.webpwp-content/uploads/2026/05/la-coppia-che-si-suicida-come-la-figlia-molestata-da-bambina-da-un-parente-lultima-intervista-al-papa-quelluomo-un-assassino.webpwp-content/uploads/2025/12/parte-da-savona-sabato-24-la-panchina-viola-liniziativa-italiana-di-sensibilizzazione-contro-gli-abusi-su-minori-e-persone-vulnerabili.webpwp-content/uploads/2026/01/il-vescovo-di-bilbao-riconosce-il-lavoro-di-el-pais-per-indagare-sulla-pedofilia-e-gli-sforzi-delle-vittime-per-denunciare.webp2021/02/20/eng-webinar-eca-global-francesco-zanardi/

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  • Quando il Governo italiano scelse di tutelare i pedofili dalle vittime che chiedevano giustizia

    Quando il Governo italiano scelse di tutelare i pedofili dalle vittime che chiedevano giustizia

    “Cogliendo la sua preoccupazione per il momento difficile che sta vivendo la Chiesa, il governo italiano ha inviato a Benedetto un messaggio in cui si è schierato incondizionatamente dalla sua parte. «Solidarietà» è stata espressa al pontefice per «la inqualificabile campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa». Molti gli auguri da tutto il mondo politico. Dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ai vertici di Camera e Senato, al sindaco di Roma («devotae profonda solidarietà – ha scritto Gianni Alemanno – in un momento in cui alcuni organi di stampa hanno abbandonato il loro primo obiettivo che è quello di comunicare la verità per servire una logica pericolosa, basata sul dileggio e su insinuazioni gratuite e fuori luogo»)”. La Repubblica – Marco Ansaldo il 17 aprile 2010

    Di Francesco Zanardi – Quello che fu inqualificabile è il tradimento del giuramento nei confronti dei cittadini, del Governo in carica, che alla loro salute psicofisica preferì i buoni rapporti con uno Stato estero.

    Il 2010 fu l’annus horribilis della Chiesa cattolica quando la “pandemia” della pedofilia nel clero iniziata dodici anni prima negli USA aveva da tempo raggiunto l’Australia e l’Europa, l’Irlanda, il Belgio, la Germania ecc., dove la drammaticità della situazione spinse il Vaticano ad istituire commissioni indipendenti d’inchiesta e i governi a mettere mano alla situazione.

    Ma in Italia qualcosa non funziona e controcorrente al resto d’Europa, come riporta la Repubblica dell’epoca, il Governo da subito si schiera e quei pochi sopravvissuti che superando la paura e la vergogna anche in Italia avevano fatto sentire la propria voce, furono subito accusati di aver dato vita a una «inqualificabile campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa».

    La stessa stampa, che all’epoca non si limitava come oggi a fare copia incolla dei comunicati della sala stampa vaticana, ma ancora qualche inchiesta giornalistica la faceva raccogliendo persino il parere delle vittime e dei loro rappresentanti, fu subito accusata di aver “abbandonato il loro primo obiettivo che è quello di comunicare la verità per servire una logica pericolosa, basata sul dileggio e su insinuazioni gratuite e fuori luogo”.

    Solo qualche giorno prima, il 2 aprile 2010 un altro inquietante episodio quando l’allora Ministro della Giustizia Angelino Alfano ordina un’ispezione nell’ufficio del pubblico ministero di Milano Pietro Forno, l’accusa, di aver denunciato le coperture da parte delle autorità ecclesiastiche. Il procuratore Forno di fatto aveva solo sottolineato l’analogia con comportamenti già notati 12 anni prima negli USA, dove l’efficienza della legge – al contrario della nostra – vide incriminare per intralcio alla giustizia lo stesso Ratzinger che diventato papa, si salvò dal processo grazie all’immunità.

    Tuttavia quell’ispezione a uno dei magistrati italiani più attivi all’epoca in materia, fu un messaggio chiaro a tutta la magistratura, non si sarebbe tollerato in Italia, guanto invece si indagava all’estero.

    I complici di papa Francesco

    E mentre in Italia un Governo genuflesso faceva quadrato per tutelare e soccorrere anziché i cittadini il Papa e la sua reputazione, nel resto dell’Europa i Governi intervenivano istituendo commissioni di inchiesta, introducendo per i vescovi l’obbligo della denuncia e rimovendo gli ostacoli prescrittivi, creando finestre temporali entro le quali anche le vittime già prescritte potessero denunciare.

    Interventi tanto semplici quanto efficaci dietro ai quali anche la chiesa ha dovuto fare i suoi passi. Le Conferenze Episcopali non solo a differenza di quella italiana hanno inserito l’obbligo della denuncia per i vescovi, ma hanno anche tentato accordi risarcitori direttamente con le vittime in quanto la rimozione della prescrizione e la finestra temporale per i prescritti, dava loro in alternativa alla sola chiesa, la possibilità di ottenere giustizia in un tribunale civile.

    Fu proprio in questa circostanza che il Governo italiano si tirò fuori e decise deliberatamente, in virtù dei buoni rapporti e degli interessi con la chiesa, di non intervenire e sacrificare non solo i cittadini già rimasti vittime, ma anche quelli che si sono prodotti da quel momento a oggi .

    Una scelta criminale di un Governo ben consapevole, quello che parallelamente accadeva nel resto dell’Europa non lasciava la minima speranza che l’Italia potesse essere l’unica “miracolata” isola felice.

    Quella lettera di solidarietà inviata nel 2010 a Ratzinger dal Governo in carica resterà nella storia come l’unico documento che dimostra che almeno un Governo in Italia, anche se in modo così deplorevole, ha messo mano alla piaga dei preti pedofili, le loro vittime.

    Tolleranza zero contro il Concordato

    Dieci anni dopo nulla è stato ancora fatto, lo testimonia il pesante richiamo all’Italia del 2019 da parte del Comitato per la tutela dell’infanzia (Par. 21), comitato al quale il Vaticano non risponde dal 2014. Le vittime rimangono prive di giustizia in quanto quasi sempre si ritrovano prescritte. Non esiste neppure una quantificazione governativa che censisca l’entità del fenomeno nel paese. Gli unici dati italiani li forniamo paradossalmente noi della Rete L’ABUSO ma sono parziali e in pesante difetto in quanto privi di tutto il sommerso. Tuttavia contiamo più di 300 casi solo sul suolo italiano, dal 2003 a oggi.

    Nessun dato neppure su quante siano le vittime in Italia, ma grazie ad uno studio statistico condotto dal collega irlandese Mark Vincent Healy, che in assenza di un dato italiano ha prodotto per la Rete L’ABUSO una proiezione sulla base degli esiti delle commissioni di inchiesta fatte negli altri paesi, dalla quale non solo per via del numero di religiosi, sul suolo italiano abbiamo un potenziale sommerso che potrebbe arrivare a 4000 preti pedofili, ma le stesse vittime potrebbero arrivare addirittura al milione.

    Francesco Zanardi

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  • Abusi su due ragazzi al seminario dei Legionari di Cristo: 7 anni all’ex rettore

    Abusi su due ragazzi al seminario dei Legionari di Cristo: 7 anni all’ex rettore

    Vladimir Resendiz Gutierrez, 42 anni, ridotto allo stato laicale, è tornato in Messico. La Procura generale di Torino dice no all’archiviazione del fascicolo su altri 5 vertici della Congregazione: una lettera per «coprire» la vicenda

    Sette anni di carcere in rito abbreviato all’ex responsabile del seminario novarese a Gozzano della congregazione di diritto pontificio «Legionari di Cristo» sono già una pena non comune per atti sessuali compiuti da un religioso su due minorenni: ma la sentenza, inflitta ieri in primo grado dal gup Andrea Guerrerio al 42enne ex sacerdote Vladimir Resendiz Gutierrez (ridotto allo stato laicale nell’aprile 2013 dal processo canonico e oggi in Messico), più 160.000 euro di danni ai due 12enni vittime degli abusi sessuali, e 1.000 alla parte civile associazione «Rete l’Abuso», non esaurisce il saldo di questo caso, rimasto sinora sotto traccia benché risalente al 2006-2008 e trasferito al Tribunale di Novara dopo una travagliata indagine a Milano dei pm Bianca Maria Eugenia Baj Macario e Lucia Minutella all’epoca del procuratore aggiunto Pietro Forno.

    Anzi, ora il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo e il sostituto pg Andrea Bascheri avocano (cioè tolgono ai pm di Novara) lo stralcio sul ruolo di 5 figure di vertice dei «Legionari di Cristo» sulla bozza sottoposta nel 2013 (insieme a 15.000 euro di «ristoro e solidarietà») ai genitori di uno degli abusati: avocazione con cui il pg torinese evidenzia la non condivisione (additata già dall’avvocato Daniela Cultrera parte civile per i genitori del ragazzo) dell’archiviazione del rettore dell’Università Europea di Roma, padre Luca Gallizia, del legale rappresentante della congregazione Manuel Cordero Arjona, del direttore territoriale del Nord-Italia Oscar Nader, dell’economo Victor De Luna, e dell’avvocato Corrado D’Agostino.

    I pm novaresi, ricevuti gli atti dai colleghi milanesi nell’agosto 2017, avevano lamentato che il lungo lasso di tempo avesse fatto prescrivere già al momento della trasmissione un altro (pur confessato) episodio di abusi su un terzo ragazzo; poi, a proposito della scrittura privata del 2013 nella quale «le parti si impegnano a mantenere assoluta riservatezza, fatta eccezione per eventuali audizioni dell’autorità giudiziaria, obbligandosi a riferire le stesse dichiarazioni rese nella presente scrittura», la pm Silvia Baglivo vi aveva letto non una estorsione della congregazione ai genitori, ma «una mera proposta transattiva» priva di «alcuna condotta minacciosa». Al contrario, la Procura generale torinese ora vi ravvisa «un tentativo di eludere eventuali investigazioni dell’autorità giudiziaria» (favoreggiamento personale), e «una minaccia al fine di determinare le parti offese a rendere false dichiarazioni» (violenza privata).

    https://milano.corriere.it/19_marzo_27/07-interni-luigicorriere-web-milano-d4be7d9e-50c9-11e9-bc24-e0a60cf19132.shtml

  • ITALIA INDAGATA DALL’ONU PER COMPLICITÀ CON LA CHIESA CATTOLICA

    ITALIA INDAGATA DALL’ONU PER COMPLICITÀ CON LA CHIESA CATTOLICA

    di Raffaella Mauceri

    Dal 14 gennaio al 1 febbraio 2019, presso la sede dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, l’Onu interroga alcuni stati sulla Convenzione sui diritti del fanciullo: in prima fila, per complicità con la chiesa cattolica sulla pedofilia, l’Italia… che fa scena muta

    Com’è ormai noto, a differenza dei pedofili laici, i preti pedofili dispongono della protezione di un’organizzazione che li tutela e, grazie alla cultura del silenzio, permette loro di reiterare il numero degli abusi. Per la Chiesa, infatti, la pedofilia non è un crimine contro la persona ma un peccato contro il Signore, ne consegue che la “pena” inflitta ai pedofili consiste nel chiedere perdono e recitare un certo numero di preghiere.

    L’organo ecclesiastico che ha il compito di trattare questi casi è la Congregazione per la Dottrina della Fede il suo Prefetto in carica, Luis Francisco Ladaria Ferrer, già segretario della C.d.F. ai tempi  cui il Prefetto era il cardinale Joseph Ratzinger, anch’esso indagato in Texas nel 2004 per insabbiamenti e salvato dall’immunità.

    Ladaria infatti vanta una notevole recidiva nell’insabbiare e proteggere i preti pedofili, tra cui don Giovanni Trotta sul quale Ladaria ordinò il silenzio “per evitare scandalo tra i fedeli”. Così l’orco violentò indisturbato molti altri bambini.

    Ma alla corte di Bergoglio non troviamo solo Ladaria, bensì anche diversi suoi colleghi di altissimo rango come il cardinale Georg Pell, già condannato per abusi in Australia, il cardinale Domenico Calcagno, protettore del prete pedofilo Nello Giraudo, l’arcivescovo Mario Delpini e il collega Pierantonio Tremolada eletti proprio da Bergoglio e ancora, il vescovo Diego Coletti e il collega Angelo Comastri, insabbiatori degli abusi sui chierichetti del papa, ecc… la lista è lunga.

    Lo stesso Bergoglio incassa accuse da un polo all’altro del pianeta, ma i giornali italiani non ne parlano e il cosiddetto “papa della trasparenza” si chiude nel silenzio sfatando il mito prettamente mediatico della tanto strombazzata tolleranza zero. Che non c’è ma stata.

    La nostra carta stampata si limita timidamente a riportare qualche caso a livello locale senza mai produrre inchieste giornalistiche che documentino la reale spaventosa portata nazionale del fenomeno.

    Notiamo invece nei vari stati come l’Australia, il Cile, gli Usa, l’Irlanda e via dicendo una presa di posizione forte dei governi e delle istituzioni, e di conseguenza dell’opinione pubblica, di fronte agli scandali.

    Viceversa, in Italia possiamo raccontare il triste primato di come le massime cariche pubbliche abbano tradito i cittadini per favorire la Chiesa tutelando i preti pedofili.

    Ricordiamo per esempio un tristissimo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel 2010, quando lo scandalo arrivò in Europa, anziché chiedere al Governo interenti in favore delle vittime, consolava Joseph Ratzinger per quello che a suo dire era “un inqualificabile attacco alla chiesa e al papa”. E l’allora ministro di Grazia e Giustizia Angelino Alfano che, a seguito di un’intervista rilasciata dall’allora procuratore aggiunto di Milano Pietro Forno, nella quale accusava anche la chiesa italiana di attuare coperture sistematiche per insabbiare gli abusi….. il signor ministro invece di avviare un’indagine, mandò gli ispettori nell’ufficio del procuratore Forno (sic!!).

    Oggi, la situazione è ulteriormente peggiorata. Vediamo infatti latitanti alle richieste di legalità la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’interno, il Ministro della Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tutti soggetti che, sebbene ampiamente informati sulla pedofilia clericale da un’interrogazione parlamentare voluta dalla Rete L’Abuso e depositata dal deputato Matteo Mantero il 27 nov. 2017, è rimasta inevasa e censurata da tutti i giornali nazionali, tranne il settimanale Left e qualche altra testata locale.

    Raggiunti da una diffida (anche questa regolarmente censurata dalla stampa italiana) presentata dall’avvocato della Rete L’Abuso, Mario Caligiuri, al Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della 12° Commissione Affari Sociali: tutti latitanti!

    Il 5 giugno 2018, il Comitato ONU per la Tutela del Fanciullo ha dato notizia di avere avviato un’indagine per favoreggiamento alla pedofilia nei confronti dell’Italia la quale sta permettendo alla Santa Sede di commettere sul suolo italiano le stesse violazioni contestate.

    Notizia anche questa come al solito, taciuta dalla stampa italiana. Ne consegue che le scelte criminali dei vari governi italiani hanno prodotto un ambiente ideale per i pedofili clericali. Tra queste, l’introduzione truffaldina del sedicente certificato antipedofilia che per sollevare il clero dall’esibizione del certificato stesso, paradossalmente indica ai pedofili il terreno di cassia, primo fra tutti il volontariato, da sempre quello più a rischio, che è stato esentato stante che il clero appartiene proprio a questa categoria!

    Altra grave omissione del Governo italiano è l’applicazione della Convenzione di Lanzarote che viene massicciamente violata a svantaggio della vittima e a vantaggio del sacerdote abusante.

    Per non parlare di consultori per le vittime di violenza sessuale introdotti dalle norme europee che avrebbero dovuto essere gestiti dalla sanità nazionale, e che invece non sono mai stati realizzati proprio per evitare che in Italia si potesse registrare e quantificare il fenomeno.

    Sempre le norme europee prevedevano che in Italia venisse creato un database utile non solo fare prevenzione, ma anche a schedare gli abusanti seriali. Nel 2006 fu perfino istituito un fondo per realizzarlo ma del database nemmeno l’ombra… e i bambini continuano ad essere in balia degli orchi con la tonaca. Esiste, è vero, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito il 25 luglio 2007, ma ad oggi non è mai stato in grado di fornire alcun dato utile. E, guarda caso, don Fortunato Di Noto, il prete che ha fondato e dirige un osservatorio mondiale sulla pedopornografia non ha mai segnalato un “collega” abusante.

    In uno stato democratico la sovranità appartiene al popolo, ma come fa il popolo ad esercitarla riguardo ad un problema se la stampa non lo informa sul problema medesimo? E c’è dell’altro.

    La direttiva del 1962 nota coma Crimen Sollicitationis, riconfermata nel 2002 da Ratzinger e Bertone, impone sui casi di abuso la gestione interna. Questo fa sì che la Chiesa può tranquillamente aggirare il problema dando all’opinione pubblica la falsa impressione di voler prendere provvedimenti. Ma dove mai siè detto che i crimini possano fruire di “gestioni interne” a questa o quella categoria? Se, ad esempio, un medico abusa sessualmente di un minore, non è che l’ordine dei medici istituisce un apposito tribunale interno per processarlo. Sui crimini la competenza appartiene esclusivamente alla magistratura del paese in cui il crimine è stato commesso. Punto e basta.

    “Se Bergoglio – dice Francesco Zanardi fondatore e presidente della Rete L’Abuso – invece di pregare sempre più forte per non sentire le grida strazianti delle piccole vittime, denunciasse i suoi preti e i suoi vescovi alla magistratura, allora sì che avrebbe risolto il problema!”. Ma, a quanto pare, il nostro Stato ha anch’esso un’invisibile sottana da preti…

  • Pedofilia del clero in Italia: il vero problema sono I vescovi. Documento del movimento Noi Siamo Chiesa

    Pedofilia del clero in Italia: il vero problema sono I vescovi. Documento del movimento Noi Siamo Chiesa

    “Noi Siamo Chiesa”, con l’allegato documento, dà un contributo, dalla base della Chiesa cattolica, sul problema della pedofilia del clero nel nostro paese, rispondendo alla richiesta di papa Francesco di attivarsi contenuta nella sua  “Lettera al Popolo di Dio” del 20 agosto.

    “Noi Siamo Chiesa” ritiene che i vescovi italiani siano gravemente responsabili per una situazione diversa da tutte le altre dove il problema è esploso e dove delle iniziative sono state prese nella Chiesa. I vescovi in Italia infatti non riconoscono il fenomeno nella sua gravità e non organizzano quanto dovrebbero fare da subito (monitoraggio della situazione, interventi a favore delle vittime ed autorità indipendenti per il loro ascolto, atti penitenziali collettivi, modifiche alle regole che si sono date che tengono a proteggere il sistema ecclesiastico e a non prevedono l’obbligo di denuncia alla magistratura).

    Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI , che si riunisce lunedì,dovrebbe prendere decisioni urgenti per dare una svolta radicale alla linea tenuta fino ad ora. Un gruppo di lavoro sul problema, interno alla CEI e costituito un anno fa, non può essere considerato in alcun modo un intervento significativo e sufficiente.

    “Noi Siamo Chiesa” propone che in ognuna delle forme di intervento auspicate sia garantita una presenza femminile paritetica a quella maschile.

    Roma, 21 settembre 2018                                                                          NOI SIAMO CHIESA

    1. Oggi don Mauro Galli, della diocesi di Milano, è stato condannato a sei anni e quattro mesi

     

    Rispondiamo alla “Lettera al Popolo di Dio” di papa Francesco:  il vero problema sono i vescovi per quello che pervicacemente si ostinano a non fare.

    Siamo in ritardo nelle azioni e sanzioni necessarie sulla questione della pedofilia del clero, ha detto papa Francesco nella sua “Lettera al Popolo di Dio” del 20 agosto. Ora “ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale  di cui abbiamo tanto bisogno”. Prendiamo in parola questo insolito appello e cerchiamo di dire pane al pane e vino al vino su una  questione sulla quale la base cattolica non può che interloquire con le  strutture del potere ecclesiastico, perché sono esse, ed esse sole, le responsabili della situazione. Ci sembra che quanto ha detto Gesù sullo scandalo ai  piccoli (Mt 18,6)  è ancora  scritto  nel Vangelo!

    Diamo per  ben conosciute le informazioni e gli interventi di ogni tipo che hanno percorso e scosso l’universo cattolico da tempo, ma particolarmente in queste ultime settimane.

    Quello che i vescovi italiani non hanno fatto fino ad ora:

    • non hanno voluto riconoscere la gravità  della situazione anche nel nostro paese ed hanno continuato a prendere tempo, usando in troppe occasioni solo belle parole. Nel 2002 la CEI definiva il fenomeno “talmente minoritario da non meritare un’attenzione specifica”. Poi si parlò anche di “complotto laicista”! Da allora ogni decisione è stata presa al traino degli input del Vaticano, a partire dalle “Linee Guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici” del 2012 (1). Tutto ciò ha portato alla logica de “il problema non è grave come altrove” e, comunque, “il vescovo è il supremo responsabile in ogni diocesi” scaricando così la questione o sul Vaticano o sul singolo  Tra le campagne organizzate dalla CEI in questi anni su tante questioni (unioni civili, testamento biologico, legge 40 ecc…) è mancata quella nei confronti dei preti pedofili; è sempre passata la linea di un facile giustificazionismo intrecciato con la logica, non evangelica, della difesa  dell’istituzione.
    • non hanno organizzato un monitoraggio continuativo e sistematico della situazione, caso unico in tutta Europa. A domanda Mons. Galantino ha candidamente confessato che la CEI non ha dati generali e ha invitato a documentarsi dalla stampa d’informazione.
    • non hanno mai pensato ad alcun intervento a favore delle vittime. Ad esse tutti i testi della CEI dedicano solo poche generiche parole. A scanso di possibili rischi (per timore della magistratura) il comma 2 del punto 6 delle citate Linee Guida recita “Nessuna responsabilità diretta od indiretta per gli eventuali abusi sussiste in capo alla S. Sede o alla CEI”. Ci si riferisce  con tutta evidenza a possibili rivendicazioni di tipo patrimoniale (2). Neanche lontanamente si è pensato ad interventi di tipo economico  e neppure ad aiuti, nelle forme opportune,  di tipo psicologico o di assistenza spirituale a favore di soggetti che hanno subito danni gravi le cui conseguenze, in genere, durano per decenni.   
    • non si rendono conto che le Linee Guida da loro approvate nel 2012 (e corrette nel 2014 dopo le osservazioni critiche del Vaticano) sostanzialmente difendono solo la loro casta clericale perché: non prevedono l’istituzione di strutture di accoglienza e di ascolto delle vittime che interagiscano col vescovo e con la magistratura. L’hanno fatto solo la diocesi di Bolzano nel 2010 e, in questi giorni, i vescovi dell’Emilia Romagna (3) ; non prevedono alcun intervento per controllare (od aiutare se del caso) il comportamento dei   226 vescovi; si appellano a  discutibili  norme di tutela  (codice di procedura penale, Concordato del 1984 e diritto canonico) (4) per blindare qualsiasi intervento esterno per ottenere dai vescovi e  dagli uffici dei vescovi informazioni o documenti (negli altri paesi la situazione è ben diversa); ricordano che il vescovo non ha l’obbligo giuridico di denuncia alla magistratura del prete pedofilo “salvo il dovere morale di contribuire al bene comune” (5). Una tale espressione appare risibile in sé per la sua genericità e  per la sua  inconsistenza ma soprattutto se confrontata col generale disinteresse per gli interessi generali della collettività (e per le vittime) dimostrato fino ad ora dalla scelta di dare sempre priorità alla copertura del prete pedofilo praticata in modo generalizzato dai vescovi italiani (6). L’assenza dell’obbligo giuridico dovrebbe essere sostituito da una, non ambigua, decisione dell’assemblea della CEI che obblighi i vescovi alla denuncia alla magistratura.
    • Non hanno mai preso in considerazione la necessità “dell’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno” come ha chiesto papa Francesco per espiare come “santo Popolo di Dio” il peccato di alcuni dei suoi membri in modo comunitario. In altri paesi ciò è stato già fatto in molte sedi ed occasioni (7).

    Quello che i vescovi potrebbero fare subito,  entro tre mesi

    Di fronte al riemergere ed all’aggravarsi del problema e dopo la “Lettera”  del papa del 20 agosto, dopo le informazioni dalla Pennsylvania, dalla Germania, dall’Olanda (e altre sono preannunciate) i vescovi dovrebbero condividere quello che ha suggerito il Padre Hans Zollner S.J. (responsabile del “Centro per la protezione dei minori” dell’Università Gregoriana) nell’intervista al “Corriere della Sera” del 22 agosto: “la Chiesa italiana capisca che rischiare una brutta figura adesso è meglio che farla tra qualche anno ed essere travolti dagli scandali” (8). Di conseguenza riteniamo doveroso che la CEI (a partire dal suo Consiglio Episcopale Permanente che si riunisce settimana prossima) faccia scelte operative sulla base dei punti sopraesposti in modo che gli interventi concreti ( monitoraggio, atti penitenziali, referenti per le vittime, riscrittura completa della Linee Guida ecc… ) possano essere tutti realizzati o in fase di realizzazione entro un anno. All’avvio della  sua presidenza della CEI il Card. Bassetti usò espressioni nuove, parlò di una Chiesa “un po’ pigra”, dalla “mentalità clericale”, “di laici cattolici che hanno molto da dire e da offrire al paese”. Le sue buone intenzioni sono state già neutralizzate od assorbite?

    Cosa si fa nel mondo

    I vescovi  dovrebbero  conoscere tutti i tentativi, in genere meritori, che tanti episcopati hanno organizzato negli ultimi  anni sul problema della pedofilia. Non c’è da vergognarsi nel fare tesoro delle esperienze altrui in situazioni simili o identiche perché –ce ne  accorgiamo ora- è stato generalizzato nella struttura ecclesiastica nel mondo  il sistema della copertura della pedofilia del clero (quasi una procedura standard, un atto dovuto). Esiste poi  il già citato “Centre for Child Protection” dell’Università Gregoriana, è quanto di meglio si possa trovare, ha già fatto incontri di riflessione e proposte al massimo livello italiano e internazionale. Bisogna poi sapere che le vittime sono riuscite ad organizzarsi. Da anni, a partire dagli USA, esiste il Survivor’s Network of Abused by Priests (SNAP). Si è  costituito l’anno scorso in giugno l’ Ending Clergy Abuse (ECA), coordinamento mondiale delle vittime, che ha concluso un incontro a Berlino questo 16 settembre e che interloquisce con l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani, che, a sua volta, ha aperto un’inchiesta sulla situazione italiana che sarà resa pubblica in gennaio. In Italia il sito www.reteabuso.org ha una forte caratterizzazione antagonistica; la sua documentazione e le sue denunce non possono però essere ignorate od archiviate sulla base del fatto che esso è fortemente  anticlericale.

    Basta un gruppo di lavoro che non si occupa del problema principale ed urgente?

    I vescovi non dovrebbero considerare in alcun modo soddisfatto il loro impegno sulla  questione della pedofilia del clero  con una ovvia e generica adesione alla “Lettera” del papa di agosto e con quanto sta facendo il Gruppo di lavoro istituito nel settembre 2017 dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI e presieduto dal vescovo di Ravenna Mons.  Lorenzo Ghizzoni . Esso, per i pochi nomi conosciuti (9), è costituito da membri degli uffici centrali della CEI e  da esperti non indicati; non si ha notizie della presenza di vittime degli abusi (Galantino aveva assicurato che ci sarebbero state). Il gruppo di lavoro deve occuparsi solo di formazione e di  prevenzione, fornendo supporto alle diocesi. Ghizzoni (Avvenire del 23 agosto) ha parlato di una bozza di documento già elaborata da sottoporre poi a diverse fasi di discussione e di deliberazione (10). A prescindere dal modo di procedere (tutto interno, quasi clandestino) l’impegno nella formazione  è di lungo periodo, va fatto ovviamente ma presuppone, per essere credibile, una precedente radicale scelta di pulizia e di purificazione che riguardi il passato e che allontani il sospetto che questo Gruppo di lavoro sia soprattutto un modo informale  per prendere tempo, per darsi una qualche immagine (anche presso il Vaticano) senza mettere- come si usa dire- i piedi nel piatto. Non si pensi e non si dica che la CEI fa il suo dovere perché esiste questo nebuloso gruppo di lavoro! La prima formazione da fare, il primo vero ed efficace messaggio per seminaristi, educatori, preti e vescovi è quello di scoperchiare il mondo clericale di cui ha parlato il papa con azioni concrete riconoscendo che il problema, dopo quello degli abusi concreti  da parte dei preti, è costituito dall’ignavia e dal silenzio dai vescovi.

    La presenza femminile

    Infine, la questione dei preti pedofili non può essere posta come tutta interna a uomini maschi ed adulti, siano essi quelli che costituiscono il problema siano, invece, quelli che lo vogliono affrontare  correttamente. I soggetti deboli, anche per la minore età , sottoposti, non solo agli abusi sessuali ma anche a quelli “di potere e di coscienza” di cui ha parlato il papa dovrebbero incontrare  il volto femminile della Chiesa. In ogni forma di intervento tra quelle ipotizzate ci sia una presenza femminile, almeno paritetica con quella maschile, selezionata non in modo clericale ma in base alla capacità  di affrontare  queste  questioni  con la sapienza del cuore, come diceva papa Giovanni, e senza le preoccupazioni di tutelare il sistema ecclesiastico.

    Sentendoci, nel nostro piccolo, espressione di quel Popolo di Dio a cui si è rivolto papa Francesco invitando a farsi carico della grave questione perché “se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme (I Cor. 12,26)” pensiamo che le nostre considerazioni e proposte debbano fare  parte   degli orientamenti che la nostra Chiesa  dovrebbe assumere senza indugi.

    Roma,  21 settembre 2018                                                   NOI SIAMO CHIESA

    (1) Mons. Charles J. Scicluna, uomo di fiducia del papa sul problema della pedofilia, dal 2010 in poi è intervenuto più volte dicendo “Vedo ancora troppo diffusa nella chiesa italiana la cultura del silenzio”.

    (2) Altrove la situazione è ben diversa sotto molti aspetti. Per esempio, proprio in questi giorni la Conferenza episcopale svizzera ha stanziato 800.000 franchi  a favore delle vittime di abusi prescritti.

    (3) Essi istituiranno in ognuna  delle quindici diocesi una équipe, composta prevalentemente da professionisti laici, appositamente formati, che si occuperà della prevenzione degli abusi e dell’educazione necessaria ad arginare una piaga che mina la credibilità delle istituzioni ecclesiali. Queste équipes raccoglieranno anche denunce su casi sospetti di pedofilia perpetrati da preti, religiosi e laici impegnati nella pastorale.

    (4) Il comma 4 dell’art. 4 del Concordato del 1984  riprende  integralmente il testo dell’art. 7 del  Concordato del 1929,  che dice: «gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.” In questo modo si garantisce la completa  separazione ed indipendenza dell’ordinamento canonico.

    (5) Questa frase,  insignificante da una parte e “furba” dall’altra, fu aggiunta dalla CEI  alle Linee Guida nel marzo 2014 a seguito delle osservazioni critiche su questo punto espresse dal Vaticano che però chiedevano ben altro.

    (6) In una famosa intervista al “Giornale” dell’1-4-2010 il p.m. di Milano Pietro Forno, competente sui reati sessuali,  ha detto : “«Nei tanti anni in cui ho trattato l’argomento non mi è mai arrivata una sola denuncia, né da parte dei vescovi né da parte dei singoli preti e questo è un po’ strano». Forno aveva spiegato che «la lista dei sacerdoti inquisiti per reati sessuali non è corta», ma in nessun caso la denuncia è partita dall’ambiente ecclesiastico, bensì dai familiari delle vittime «dopo che si sono rivolti all’autorità religiosa e questa non ha fatto assolutamente niente». Una tale affermazione, mai contraddetta, è una vera e propria condanna senza appello della struttura ecclesiastica.

    (7) Tra quanto a nostra conoscenza: la Giornata di digiuno e preghiera dei vescovi francesi il 7 novembre 2016 a Lourdes, un triduo simile dei vescovi del Sud Africa nel dicembre 2016 e, particolarmente toccante, la funzione penitenziale dei vescovi svizzeri a Sion, sempre nel dicembre dello stesso anno.

    (8) Zollner continua “Mi preme di dire che l’Italia non ha ancora vissuto un momento di verità riguardo l’abuso sessuale e lo sfruttamento del potere per quanto riguarda il passato” e ancora “Mi auguro che le ultime settimane , con tante notizie sconvolgenti, abbiano aperto gli occhi e  il cuore anche alla Chiesa italiana e ai suoi responsabili per impegnarsi senza esitazione e in modo consistente in questa chiamata del Signore a tutto il Popolo di Dio”.

    (9) Tra chi partecipa al gruppo di lavoro l’unico nome di donna segnalatoci è quello di Anna Deodato. Da quello che sappiamo, sarà importante il suo contributo per il suo approfondimento del problema delle violenze nei confronti delle donne, soprattutto di quelle consacrate.

    (10) Se testi devono essere scritti, dopo aver rifatto le Linee Guida in vigore, suggeriamo un testo vincolante in cui ci si occupi solo delle vittime e in cui si preveda che esse siano riconosciute, ascoltate, difese, assistite e anche indennizzate (per quanto ciò possa servire).

    Roma,  21 settembre 2018                                                   NOI SIAMO CHIESA

  • Uno Stato così poco Sovrano che i cittadini reclamano i propri diritti costituzionali al Sovrano di uno Stato estero

    Uno Stato così poco Sovrano che i cittadini reclamano i propri diritti costituzionali al Sovrano di uno Stato estero

    Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un susseguirsi di scandali che hanno coinvolto la chiesa cattolica, in tutto il mondo, per l’impunità e per le coperture che questa ha sistematicamente, fornito ai preti pedofili. Dagli Stati Uniti dove abbiamo visto fallire intere diocesi per indennizzare le vittime, allo scandalo Irlandese dove lo Stato ha assunto posizioni forti contro la chiesa, a quello australiano dove la giustizia non si è fatta remore nel mettere alla sbarra uno dei potenti del C9, il cardinale George Pell che, sostenuto dalla diocesi, ha persino avuto la sfrontatezza di avviare una colletta per pagarsi il prestigioso team di avvocati che lo difende.

    C’è poi il caso argentino di don Nicola Corradi, che coinvolge direttamente papa Francesco e che, poche settimane fa, ha visto le vittime denunciare alla magistratura proprio coloro che il Vaticano aveva inviato per fare luce sul caso, formalmente accusati di reticenza. Poi il caso cileno che sembra essere diventato un bel grattacapo per Bergoglio che, questa volta, non se la cava con qualche pubblica scusa di circostanza, no: vittime ed opinione pubblica hanno apprezzato le scuse ma pretendono anche i fatti concreti.

    Tutti casi dove vediamo una forte presenza delle istituzioni, dei media che informano e sensibilizzano l’opinione pubblica, la quale reagisce e non si limita ad indignarsi, ma si unisce alle vittime chiedendo atti concreti al Governo e alla chiesa.

    L’Italia, invece, dal Quirinale in giù ha poco da essere fiera, e gli italiani poco da rallegrarsi.

    Noi possiamo ricordare un tristissimo Giorgio Napolitano, con Governo a seguito, che nel 2010, dimenticandosi dei cittadini italiani vittime dei sacerdoti, offrivano la loro solidarietà al papa per quella che definirono  «la inqualificabile campagna diffamatoria contro la Chiesa e il Papa».

    Sempre nel 2010, ricordiamo l’ispezione ordinata dall’allora guardasigilli Angelino Alfano nell’ufficio  procuratore di Milano Pietro Forno, che si era permesso di denunciare le coperture da parte delle autorità ecclesiastiche.

    Sempre nel 2010, troviamo un Rocco Buttiglione all’attacco della Procura della Repubblica di Savona, a suo dire troppo severa con don Luciano Massaferro, poi condannato in terzo grado a otto anni.

    Dopo il 2010, viste le decine di casi che emergevano anche in Italia, Istituzioni e politica prendono le distanze e preferiscono non mettersi più in discussione e… vedendo il tenore del pregresso, c’è da dire che almeno qui l’abbiamo scampata.

    Certo l’assenza delle istituzioni, della politica e l’informazione spesso distorta, ha creato una certa confusione negli italiani che, smarriti, si ritrovano a implorare le proprie garanzie costituzionali addirittura al capo di quello Stato estero che li ha costretti vittime, quello stesso Stato che, ai tempi di Wojtyla, fu accusato e condannato perché insabbiava i casi e trasferiva i preti permettendogli di continuare ad abusare e che, 18 anni dopo, continua a fare quello che faceva ai tempi di Wojtyla… ma la disperazione dei cittadini in cerca di giustizia, di fronte alla latitanza dei governi che si sono susseguiti in questi anni, è tale da trovare, come unici interlocutori, i propri carnefici.

    Uno Stato tanto poco Sovrano da non provare vergogna nemmeno nel vedere i propri cittadini costretti a supplicare i diritti che la costituzione garantisce, al Sovrano di una monarchia assoluta che a discrezione, deciderà se concedere o meno la grazia.

    Zanardi

    Consiglio la lettura di “Messe nere sulla riviera ligure”, fatti degli inizi del 900 quando dietro lo scandalo dei Salesiani di Varazze (Liguria) con i pochi e scarsi mezzi di informazione dell’epoca, l’Italia insorse da nord a sud in una sorta di guerra civile.

    Messe nere sulla riviera ligure

  • Pedagogia nera: la Chiesa e gli abusi sui bambini

    Pedagogia nera: la Chiesa e gli abusi sui bambini

    Intervista a Federico Tulli realizzata da Melissa Tamburrelli e inserita nella tesi di laurea magistrale dal titolo “La pedagogia nera. Infanzia violata tra passato e presente e prospettive educative”, che l’autrice ha discusso a dicembre 2016 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma tre (Corso di laurea in Scienze pedagogiche)

    1. Dal suo testo del 2014, “Chiesa e pedofilia, il caso italiano” (L’Asino d’oro edizioni), emerge un sistema di istituzioni e persone complici, in un’attività costante e continua nel tempo, tesa a nascondere la verità. In questo contesto di omertà come è riuscito a reperire le informazioni necessarie?

    Inizialmente ho concentrato la mia inchiesta sulla ricostruzione cronologica dei casi dal 1870 in poi attraverso la consultazione di libri, archivi giornalistici e siti web specialistici in cui sono pubblicati o riportati i testi di documenti. Per quanto riguarda la storia recente ho consultato in particolare l’archivio dell’agenzia Ansa viaggiando andando all’indietro nel tempo per una trentina d’anni. Una volta ricostruito il quadro d’insieme, anche attraverso la consultazione di sentenze su numerosi casi passate in giudicato, ho preso contatto con alcune delle vittime per provare ad avere una percezione il più possibile corrispondente alla realtà di quanto è accaduto e delle conseguenze che le violenze hanno causato su queste persone. La storie di pedofilia, purtroppo, si assomigliano tutte. Dico purtroppo perché questo potrebbe agevolare una efficace azione di prevenzione a tutti i livelli che invece in Italia diversamente da altri Paesi europei ancora manca. Le loro testimonianze dirette, unite alla consultazione di numerosi esperti di comunicazione e cose vaticane, sono state peraltro fondamentali per imparare a comprendere il linguaggio utilizzato dalla Chiesa cattolica quando è chiamata a rispondere delle proprie responsabilità e a difendersi dalle accuse di aver garantito l’impunità dei sacerdoti pedofili. Si stratta di linguaggio pressoché identico a qualsiasi latitudine in quanto è sempre finalizzato a ridurre al minimo i danni economici e d’immagine che potrebbero essere arrecati dalle pubbliche inchieste. Un’altra fonte primaria è quindi diventata per me la Chiesa stessa con i messaggi dei principali gerarchi, papi compresi, e i primari canali di informazione istituzionale. In particolare la sala stampa della Santa Sede con i suoi comunicati, e il sito ufficiale del Vaticano in cui c’è un’intera area finalizzata a mostrare al mondo quello che la Santa Sede ha fatto per estirpare la pedofilia diffusa all’interno di chiese, parrocchie, oratori, scuole e seminari gestiti da ordini e congreghe religiose cattolici. Ma a mio modo di vedere è più corretto dire, “avrebbe fatto”. Nei decreti firmati da Benedetto XVI e Francesco I tra il 2010 e il 2015, così come nelle Norme di indirizzo antipedofilia emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 2010, resta infatti irrisolta una delle cause principali – se non la principale – della diffusione della pedofilia nel clero. Rimane inscalfibile la convinzione che il più violento dei crimini nei confronti di un bambino o una bambina è un’offesa a Dio e non un crudele delitto psico-fisico che lascia per tutta la vita ferite indelebili, compiuto contro una persona inerme. E come tale, cioè un delitto contro la morale, viene trattato: il punto, per la Chiesa non è tanto evitare che il pedofilo colpisca ancora ma che pecchi di nuovo indossando l’abito talare e che si penta del “male” fatto (a Dio). L’idea che si tratti di un delitto contro la morale, seppur inserito tra i cinque più gravi secondo la dottrina giuridica della Chiesa, è stata ribadita a settembre 2013 dal teologo e papa emerito Benedetto XVI. Questa concezione si lega a quella di supremazia della giustizia divina su quella terrena, che è ben radicata nella mentalità cattolica non solo a livello istituzionale. Quanto ho appena detto ci aiuta a capire perché la Santa Sede nel 2014 non si è fatta alcun problema a evitare di fornire a due commissioni Onu (per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e Contro la tortura) la lista con i nomi dei circa 900 sacerdoti pedofili ridotti allo stato laicale nell’ultimo decennio dopo essere stati condannati dalla Congregazione per la dottrina della fede, ed espulsi dalla Chiesa. Io ritengo che se davvero il papa, cioè il capo della Santa Sede, avesse a cuore, più che la ragion di Stato, l’incolumità dei minori – come peraltro impone la Convenzione Onu sui i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cui la Santa Sede ha aderito – non avrebbe esitato a ordinare ai ambasciatori presso l’Onu di collaborare. Consentendo così di individuare e di indagare con gli strumenti della giustizia “laica e civile” 900 persone il cui profilo criminale è equiparabile a quello di un serial killer: la caccia è perpetua, il pedofilo si organizza la vita in funzione di essa e non si ferma finché non viene messo in condizione di non nuocere dalle autorità preposte. Se consideriamo che ci sono preti che hanno confessato oltre 200 stupri ci si può fare un’idea della sottovalutazione del fenomeno da parte dei capi della Chiesa e delle conseguenze che la concezione arcaica di questo crimine possono ricadere sui bambini e sul tessuto sociale dei Paesi in cui questa istituzione politico-religiosa è presente con i suoi siti di “educazione” e con i suoi “educatori”.

    1. Quanto i recenti successi legali americani sui casi di pedofilia hanno secondo lei incoraggiato le vittime italiane a denunciare gli abusi subiti?

    Non penso ci sia un nesso diretto con le conseguenze dello scandalo portato alla luce nel 2002 da Spotlight, il team di giornalisti d’inchiesta del Boston Globe, le cui vicende sono state magistralmente ricostruite nell’omonimo film premio Oscar 2016 diretto da Tom McCarthy. Dopo Spotlight e le dimissioni del potentissimo arcivescovo di Boston Bernard Law sono passati sette  anni prima che la Chiesa in Europa finisse allo stesso modo di quella Usa sotto la lente di serie commissioni d’inchiesta e di seri giornalisti. È accaduto in Irlanda, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra con la scoperta di decine di migliaia di casi accaduti lungo tutto il secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Reati che sono stati accertati anche attraverso la testimonianza di vittime che finalmente hanno trovato qualcuno che ascoltasse le loro denunce senza pregiudizi e atteggiamenti moralistici. È accaduto in mezza Europa ma non in Italia dove peraltro c’è la più alta concentrazione di personale ecclesiastico al mondo con oltre 30mila unità. È indubbio che se lo Stato interviene, e “costringe” la Chiesa a collaborare con un’inchiesta al suo interno, si infonde fiducia nelle vittime che ancora non hanno avuto il coraggio di denunciare o, peggio, come purtroppo spesso accade, che hanno raccontato la propria storia in famiglia o al vescovo del sacerdote violentatore e non sono mai state credute, portando con sé un oppressivo senso di vergogna e la convinzione di essere in qualche modo responsabili della violenza subita. Ma quando ho chiesto personalmente a un ministro delle Pari opportunità se il governo italiano avrebbe prima o poi seguito l’esempio degli altri Paesi mi sono sentito rispondere che non è in agenda un’inchiesta a livello nazionale. Ho quindi sottoposto la stessa domanda al portavoce della Santa Sede e la risposta è stata pressoché identica: secondo il Vaticano non esiste un “caso italiano” in termini di pedofilia clericale. Nel 2014 scrissi il mio secondo libro proprio per verificare la veridicità di questa affermazione. Ebbene, penso di poter dire che è vero esattamente il contrario. La questione della pedofilia clericale in Italia ha caratteristiche identiche per estensione e continuità nel tempo a quella di altri Paesi che hanno deciso di affrontarla fino in fondo. La punta dell’iceberg di questa storia criminale emerge oggi dalle cronache. Un centinaio di casi solo nell’ultimo decennio sono arrivati in tribunale e a sentenza definitiva di condanna per il sacerdote incriminato. Si tratta di vicende che difficilmente, per non dire mai, hanno avuto un degno risalto mediatico. Nemmeno quando è stato coinvolto un sacerdote del calibro di don Mauro Inzoli. Il fondatore del Banco alimentare nonché capo di Comunione e liberazione a Cremona è finito sotto processo in Italia ed è stato condannato in primo grado a oltre 4 anni solo dopo esser stato giudicato colpevole dalla Congregazione per la dottrina della fede. La stampa nazionale è rimasta pressoché inerte anche quando è stato condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere un potente parroco romano, don Ruggero Conti, che nel periodo in cui abusava alcuni minori era stato nominato consulente per la Famiglia dal candidato sindaco Gianni Alemanno. Quindi per ritornare alla domanda iniziale in Italia ancora non si sono presentate le condizioni che nel 2002 dettero alle vittime statunitensi la possibilità di uscire allo scoperto senza rischiare di essere violentate una seconda volta dall’indifferenza, o meglio dall’anaffettività delle istituzioni laiche e religiose, e degli organi di informazione.

    1. È d’accordo che uno dei punti focali del caso italiano sia nell’impunità dei clerici?

    Uno dei punti cardine secondo me è rappresentato dalle strategie antipedofilia della Conferenza episcopale italiana. Ma c’è di più. A pesare è il silenzio imposto su questi casi, che non riguarda solo le autorità ecclesiastiche. Vale un esempio per tutti. Nel 2010 il capo del pool antimolestie di Milano, Pietro Forno, intervistato da Il Giornale disse tra l’altro (cito): «Nei tanti anni in cui ho trattato l’argomento (pedofilia nella Chiesa, ndr) non mi è mai, e sottolineo mai, arrivata una sola denuncia né da parte di vescovi, né da parte di singoli preti, e questo è un po’ strano. La magistratura quando arriva a inquisire un sacerdote per questi reati ci deve arrivare da sola, con le sue forze. E lo fa in genere sulla base di denunce di familiari della vittima, che si rivolgono all’autorità giudiziaria dopo che si sono rivolti all’autorità religiosa, e questa non ha fatto assolutamente niente». Forno era, ed è, tra i massimi esperti europei nel campo della lotta alla violenza sui minori e sulle donne, ma questo non lo mise al riparo da un’inchiesta predisposta dal ministro della Giustizia. Qualche giorno dopo aver evidenziato nell’intervista la scarsa (eufemismo) propensione dei vescovi italiani a collaborare con chi indaga su questi crimini il magistrato si ritrovò a dover rendere conto delle sue affermazioni agli ispettori spediti dal ministro Alfano per verificare che non avesse divulgato segreti d’ufficio. Non è forse un caso se quattro anni dopo, nel 2014, Conferenza episcopale guidata dal card. Bagnasco ha deciso di non inserire nelle proprie linee guida antipedofilia l’obbligo per i vescovi italiani di denunciare i sacerdoti pedofili all’autorità giudiziaria. In Italia questo obbligo vincola per es. i pubblici ufficiali – come il preside di una scuola. I vescovi non sono pubblici ufficiali ma non hanno avvertito nemmeno l’obbligo morale di stabilire come doverosa la collaborazione con la magistratura “laica”. La motivazione fornita dal card. Bagnasco va aldilà di qualsiasi immaginazione: «La denuncia è una decisione che spetta ai genitori, noi non denunciamo per tutelare la privacy delle vittime». Per il capo della Cei è irrilevante che in questo modo si sta tutelando anche il pedofilo che le ha violentate. Questo atteggiamento oltre a contribuire ad acuire l’isolamento affettivo e fisico della vittima di cui come detto in precedenza approfitta sempre il violentatore, mette a rischio l’incolumità di altri bambini. È talmente palese la pericolosità di una posizione del genere che a febbraio 2016 la Pontificia commissione per la tutela dei minori ha emanato una nota dicendo chiaro e tondo: «Abbiamo tutti la responsabilità morale ed etica di denunciare gli abusi presunti alle autorità civili che hanno il compito di proteggere la nostra società». Il problema è che questo monito non ha avuto alcun effetto pratico. La Pontificia commissione che è un organo consulente della Santa Sede ha esortato tutta la comunità ecclesiale a denunciare e a collaborare con le autorità. Ma, se come abbiamo visto nel caso delle informazioni richieste dall’Onu, la stessa Santa Sede per prima non rende pubbliche notizie fondamentali per la salvaguardia di potenziali vittime, quale credibilità e influenza può mai avere un organismo del genere all’interno della Chiesa?

    1. Lei ha testimoniato il crollo della popolazione cattolica ad esempio in Irlanda che è passata dal 69 per cento del 2005 al 47 per cento del 2010. Come ci spiega chiaramente alla Chiesa cattolica serviva proprio un rilancio di immagine e di credibilità dopo gli ultimi papati non certo esemplari nella condotta di denuncia sulla pedofilia. Crede che le scelte di Papa Francesco siano in controtendenza?

    In parte ho già risposto al termine della prima domanda. Posso aggiungere qualcosa che può chiarire meglio come la penso. Le frequenti dichiarazioni pubbliche di Bergoglio sin dai primi giorni del suo papato nel marzo del 2013 danno l’idea che la “sua” Chiesa – diversamente da quella dei suoi predecessori – abbia messo in cima alle priorità l’incolumità dei minori che frequentano i siti di educazione e formazione religiosa. È presto per parlare di effetti concreti ma io penso che gli annunci di “tolleranza zero” possono avere un effetto deterrente. Nel senso che potrebbe finalmente venire meno la certezza di impunità che ha spinto molti pedofili a intraprendere senza timore la carriera clericale. Per decenni infatti l’unica soluzione adottata nei confronti dei preti pedofili è stata quella di trasferirli in un’altra parrocchia per ridurre al minimo i rischi di uno scandalo pubblico. Il risultato è facilmente intuibile oltre che documentato dalle inchieste governative cui ho accennato prima. Anche in base ai risultati di queste indagini la Commissione Onu per i Diritti dell’infanzia nelle considerazioni conclusive elaborate a febbraio 2014 ha scritto quanto segue: «La Commissione è fortemente preoccupata perché la Santa Sede non ha riconosciuto la portata dei crimini commessi, né ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale e per proteggere i bambini, e perché ha adottato politiche e normative che hanno favorito la prosecuzione degli abusi e l’impunità dei responsabili». È bene ribadire che gli investigatori delle Nazioni Unite puntavano il dito contro i tre papi che hanno guidato la Chiesa tra il 1991 e il 2014: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Quindi, in concreto c’è ancora molto da fare. Non basta aumentare i termini di prescrizione del reato come ha fatto Ratzinger, e inasprire le norme penali come ha fatto Bergoglio, cosa che di fatto in tre anni ha portato a un unico arresto da parte dei gendarmi vaticani: l’ex nunzio della rep. Dominicana, Józef Wesołowski, che peraltro è morto prima di arrivare a processo. Finché la pedofilia verrà considerata un peccato o per dirla come Ratzinger “un abuso morale”, tutte le azioni intraprese per estirparla saranno una conseguenza di questo pensiero del tutto privo di rapporto con la realtà. Cioè inefficaci o del tutto assenti. Cito di nuovo un passaggio del documento delle Nazioni Unite: «L’abuso sessuale sui minori, quando è stato affrontato, è stato trattato come un grave delitto contro la morale attraverso procedimenti segreti che sancivano misure disciplinari che hanno permesso, a una vasta maggioranza di stupratori e a quasi tutti quelli che hanno nascosto gli abusi sessuali sui minori, di sfuggire alla giustizia negli Stati dove gli abusi sono stati stati commessi. […] A causa di un codice del silenzio imposto su tutti i membri del clero sotto la pena della scomunica, i casi di abuso sessuale difficilmente sono stati denunciati alla autorità giudiziaria nei paesi in cui i crimini sono stati commessi. Al contrario, alla Commissione sono stati riportati casi di suore e di sacerdoti proscritti, degradati e cacciati per non aver rispettato l’obbligo del silenzio, oltre a casi di sacerdoti che hanno ricevuto le congratulazioni per aver rifiutato di denunciare gli stupratori di bambini». A certificare la continuità in senso negativo di questo papato con i precedenti ci sono diversi elementi. Ne cito un paio per tutte. Il primo consiste nella mancata chiusura dei pre-seminari e dei seminari minori gestiti da ordini e congregazioni religiosi. Gran parte degli abusi imputati a religiosi si consuma tra le mura di questi istituti in cui vengono educati minori dai 6-8 anni in poi. Nel 2014 l’Onu ha fatto richiesta esplicita alla Santa Sede, cioè a papa Francesco, di chiuderli – in coerenza con la convenzione ratificata – anche perché è noto che spesso il pedofilo è a sua volta una persona abusata in giovane età. Ma solo in Italia ne esistono ancora una sessantina con oltre 1200 giovani studenti. Per di più, la diocesi di Milano ha da poche settimane avviato un’iniziativa seminariale per sedicenni: la Comunità seminaristica adolescenti che nasce dalla collaborazione tra il seminario e i preti del Decanato Villoresi ed è situata in una casa di Parabiago nell’hinterland milanese. Una seconda misura che Bergoglio potrebbe adottare, in un’ottica di prevenzione, è l’innalzamento della soglia dell’età della discrezione, cioè l’età in cui un bambino può accedere alla confessione e fare la comunione. Nel 1910 fu abbassata da 12 a 7 anni. Alcune associazioni cattoliche hanno più volte chiesto al card. Bagnasco di intercedere presso il papa per elevarla a 14 anni. Perché sulla base delle testimonianze raccolte nelle grandi inchieste governative e miste Stato-Chiesa di alcuni Paesi europei, a cominciare dalla Germania, è emerso che quasi tutti gli abusi nelle parrocchie e nei seminari avvengono nell’ambito di questo rito sacramentale che non si consuma solo nel confessionale ma ha una durata indefinita e soprattutto è soggetto al sigillo sacramentale: vincolo di segretezza pontificia pena la scomunica. L’inviolabilità del segreto, unito al senso di colpa per il peccato commesso, instillato nella vittima dal suo “confessore”, è una garanzia di impunità da parte della giustizia “civile”. I preti pedofili lo hanno ben presente. Come sanno che nel caso di violenza compiuta durante la confessione l’abuso è nei confronti del sacramento non della persona. E di questo, nel caso, dovranno rispondere (solo) ai giudici dalla Chiesa. Papa Francesco eliminerà mai un segreto correlato a un sacramento?  Di più, eliminerà mai uno dei cardini del Decalogo su cui si fondano tutte le leggi della Chiesa?

    1. A suo parere la Chiesa cattolica cambierà mai l’ideologia dell’annullamento del corpo e della sessualità? Sarebbe decisivo nel superamento del problema?

    Per rispondere mi collegherei dalla domanda con cui ho concluso la precedente risposta. Non so dire cosa accadrà in futuro ma penso che la conoscenza di ciò che è la sessualità umana e soprattutto di quello che non è sessualità umana (cioè la pedofilia), risulterebbe decisiva quanto meno per iniziare a inquadrare concretamente il problema. Tuttavia, molto probabilmente la messa in discussione di uno dei Dieci comandamenti comporterebbe la fine della Chiesa intesa come istituzione religiosa. Quel “Non commettere atti impuri” fa sì che nel Catechismo “aggiornato” da Giovanni Paolo II nel 1992 si parli di sesso tra due adulti fuori del matrimonio, masturbazione, pornografia e stupri di donne e di bambini come se fossero la stessa cosa: sono tutte «offese alla castità». E che nel diritto canonico l’abuso sia un «qualsiasi» atto sessuale «di un chierico con un minore di anni 18». Cioè la Chiesa ritiene che l’abuso sia un rapporto sessuale. Quindi chi si dovrebbe occupare di tutelare i bambini che ad essa sono affidati non distingue la sessualità umana – che in estrema sintesi è rapporto interumano, consapevolezza di sé e desiderio – dalla pedofilia che in quanto violenza non è mai sessualità ed è dominio di un soggetto adulto e consapevole su un altro che non è né adulto né consapevole. È pertanto totale assenza di rapporto. Inoltre, quando si stabilisce che la pedofilia è un’atto sessuale, si sta affermando che il bambino – cioè la vittima – ha la sessualità. La realtà è esattamente il contrario: il bambino in età prepuberale non ha sessualità. Perché questa comincia alla pubertà con lo sviluppo degli organi genitali, prerequisito indispensabile per poter parlare di sessualità. Prima in ogni essere umano c’è una dimensione di rapporto affettivo, profondo e potente che può essere con il padre, la madre, il fratello, l’amico o gli insegnanti. È di questa dimensione che “approfittano” i criminali pedofili preti e non. Ma qui entra in gioco una grande ambiguità che è tutta all’interno del pensiero religioso cattolico e che consiste nel farsi chiamare “padre” da parte dei sacerdoti. Per un bambino che vive una situazione familiare difficile – le vittime preferite dei pedofili – questo appare come un tentativo di ricostruire almeno il rapporto con il genitore, che però non è reale perché nessun prete è padre di nessuno. È questa ambiguità “calcolata” che apre la strada alla violenza pedofila celata dietro una richiesta affettiva del bimbo. E queste sono alcune tra le tante drammatiche confusioni che sono state fatte dalla Chiesa, e che persistono tuttora, sulla sessualità umana e sulla figura del bambino. Per cui poi può essere abusato senza che sia considerata una violenza nei suoi confronti.

    Melissa Tamburrelli

    https://norational.wordpress.com/2017/02/27/pedagogia-nera-la-chiesa-e-gli-abusi-sui-bambini/